La organización internacional Human Rights Watch (HRW) advirtió este jueves sobre una «brutal represión» en Venezuela, que comenzó tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, las cuales estuvieron marcadas por protestas masivas contra la reelección de Nicolás Maduro. Según el informe, las manifestaciones, que exigían un recuento justo de los votos, fueron respondidas por el gobierno con tácticas represivas, que incluyeron asesinatos, detenciones arbitrarias y abusos generalizados.
HRW subrayó que, a pesar de las «irregularidades del Gobierno y las violaciones de los derechos humanos», la participación electoral fue masiva. Sin embargo, el informe destacó que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, no publicó las actas de escrutinio de los distritos electorales ni realizó las auditorías o verificaciones ciudadanas que exige la ley. Esto alimentó aún más la desconfianza de la población en el proceso electoral.
Tras el anuncio de la victoria de Maduro, miles de venezolanos salieron a las calles a protestar de manera pacífica, exigiendo un recuento de los votos. La organización señaló que incluso en sectores favorables al chavismo, hubo una notable participación en las protestas. Sin embargo, las fuerzas de seguridad respondieron con violencia, actuando en conjunto con grupos armados progubernamentales, conocidos como «colectivos», en varios casos de represión.
Human Rights Watch aseguró haber recibido información creíble sobre 23 asesinatos de manifestantes y transeúntes, y vinculó a las fuerzas de seguridad y a los colectivos con algunos de estos homicidios. La Fiscalía venezolana ha negado tales acusaciones. Además, la organización denunció que cientos de detenidos han sido acusados de delitos vagos, como «incitación al odio» y «terrorismo», y que muchos de ellos han sido sometidos a detenciones arbitrarias, incomunicados durante semanas y privados del derecho a una defensa adecuada.
HRW instó a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre el gobierno de Maduro para que cese la violencia y se garantice el derecho a la protesta pacífica y a un proceso electoral libre y transparente en el país.