Entre el 1 y el 12 de enero de 2025, un total de 83 personas fueron detenidas de manera arbitraria en Venezuela, entre ellas, periodistas en pleno ejercicio de su labor. Esta alarmante cifra, según defensores de derechos humanos, refleja una política de persecución y represión en la que el derecho a la libertad personal, establecido en el artículo 44 de la Constitución venezolana, sigue siendo gravemente vulnerado.
La denuncia fue realizada por el ex parlamentario y defensor de los derechos humanos, Rafael Narváez, quien exige al sistema de justicia venezolano que cese las detenciones arbitrarias y retome el respeto por la legalidad y los derechos fundamentales.
Narváez, quien es también coordinador de la defensa por los derechos civiles, subrayó la grave situación de vulneración de derechos civiles y políticos que afecta a los ciudadanos, independientemente de su condición. «No les importa si alguna persona tiene discapacidad, los cuerpos de seguridad los detienen sin miramientos, incluidos periodistas que están ejerciendo su derecho al trabajo. Y lo más grave es que, en muchos casos, las autoridades niegan a los familiares el derecho a saber el paradero de los detenidos durante días, incluso semanas», señaló.
Según el abogado defensor, esta serie de detenciones, que incluyen a dirigentes políticos y periodistas, es una muestra de un sistema judicial que otorga luz verde a los cuerpos de seguridad del Estado para seguir cometiendo abusos con total impunidad. «Es un atropello a la libertad, el segundo derecho humano más sagrado después del derecho a la vida. Lo que estamos viviendo no tiene comparación, es una política de persecución con cárcel implacable, inhumana, que no tiene nada que envidiar a las prácticas más oscuras de la historia reciente», agregó Narváez.
Además, el defensor de los derechos humanos destacó que esta política de represión se ha intensificado en un contexto donde las garantías constitucionales y los tratados internacionales en materia de derechos civiles y políticos, suscritos y ratificados por el Estado venezolano, son sistemáticamente ignorados. «Estamos ante una Constitución de bolsillo, que se aplica de forma parcial y con fines políticos, llena de odio y resentimiento, completamente ajena a los principios de justicia que se deben seguir», concluyó el abogado.
