Su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela, particularmente en el marco de la próxima toma de posesión presidencial, prevista para el 10 de enero de 2025, según lo establece la Constitución de dicho país, reiteran organismos internacionales en comunicado conjunto.
Las elecciones del 28 de julio de 2024 estuvieron marcadas por graves irregularidades. El Consejo Nacional Electoral no publicó los resultados detallados ni realizó las auditorías previstas en la ley; decisiones avaladas por una Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, cuya falta de independencia e imparcialidad está ampliamente documentada. Ante la intención de Nicolás Maduro de asumir un nuevo mandato sin evidencia clara que respalde su elección, los líderes democráticos han convocado a manifestaciones el día 9 de enero para exigir transparencia y respeto a los derechos civiles y políticos de la población.
En este contexto, denunciamos que la continua y sistemática represión estatal ha dejado un saldo alarmante: más de 2,000 personas fueron detenidas arbitrariamente tras las protestas postelectorales y, hasta el 30 de diciembre de 2024, 1,794 permanecían privadas de su libertad, incluyendo tres menores de edad. Según el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, hay 120 personas extranjeras detenidas. Las autoridades han continuado utilizando la desaparición forzada de corta duración como un patrón de actuación, negándose a dar información sobre el paradero de la persona durante varios días luego de su detención. Además, las organizaciones firmantes tenemos conocimiento de al menos 31 personas que permanecen desaparecidas, tras semanas e incluso meses de su presunta detención. Tres personas han fallecido bajo custodia del Estado, y los casos de tortura y asesinatos siguen sin justicia. Además, las personas que han sido excarceladas enfrentan procesos penales abiertos, lo que constituye una clara vulneración de sus derechos fundamentales.
Exhortamos al Estado venezolano a cumplir con sus obligaciones nacionales: liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, garantizar el derecho a la manifestación pacífica, la libertad de expresión, la asociación y reunión, e investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos documentadas. Asimismo, pedimos a las autoridades prevenir nuevos abusos y asegurar el pleno respeto a los derechos de toda la población.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que continúen monitoreando de cerca la situación en Venezuela y utilicen los mecanismos diplomáticos disponibles para exigir el cese de la represión y buscar mecanismos pacíficos que permitan que se respete la soberanía popular. Es imperativo que estos nuevos acontecimientos no resulten en más sufrimiento para el pueblo venezolano.
