El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció este miércoles que al menos 15 personas han sido detenidas de manera arbitraria y sometidas a desaparición forzada en Venezuela en las últimas horas. Estas detenciones se producen en un contexto de creciente represión, a tan solo días de la toma de posesión presidencial de Nicolás Maduro, prevista para el viernes 10 de enero.
En su comunicado, el Clippve expresó un enérgico repudio por la escalada de violencia y represión en el país, subrayando que la persecución de disidentes y la violación de derechos humanos en Venezuela han alcanzado niveles alarmantes. «Rechazamos cualquier intento de escalar un conflicto internacional a través de estas acciones», señaló la organización, que destacó que entre los detenidos se encuentran activistas, dirigentes políticos, defensores de derechos humanos y ciudadanos extranjeros.
Entre los arrestados se encuentran figuras de la oposición como Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, y Enrique Márquez, excandidato presidencial. La organización detalló que las detenciones se han registrado en varias regiones del país, incluyendo Distrito Capital, Trujillo, Lara, Falcón y Bolívar. Además, señaló que el paradero de los detenidos es desconocido, lo que aumenta la preocupación sobre su seguridad y bienestar.
El Clippve responsabilizó al Estado venezolano por la vida e integridad de los detenidos y exigió la liberación inmediata de los mismos. «El paradero de estas personas es desconocido, y sus familias viven en incertidumbre. El Estado venezolano es responsable por la vida, integridad física y mental de todos los privados de libertad», indicó la organización en su denuncia.
La organización Voluntad Popular, a través de su portavoz, instó a la comunidad internacional a estar alerta ante la intensificación de las persecuciones políticas en Venezuela, calificando la situación como una «política de terror intolerable», señaló la agrupación.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó al gobierno de Maduro de ejecutar prácticas sistemáticas de represión para impedir la participación política de la oposición en las elecciones presidenciales del 28 de julio, las cuales fueron ampliamente cuestionadas por su falta de transparencia.
