La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este martes 7 de enero un contundente informe que denuncia las graves violaciones a los derechos humanos y la alteración del orden constitucional en Venezuela durante el proceso electoral de 2024.
Según el informe, el gobierno de Nicolás Maduro implementó una estrategia sistemática para manipular los resultados electorales, perseguir a la oposición y reprimir a la población civil.
«En el periodo preelectoral, el gobierno no sólo utilizó la maquinaria del Estado para favorecer la campaña de Nicolás Maduro, sino también para obstaculizar e impedir la participación política de la oposición. En esta etapa se registraron: inhabilitaciones administrativas de personas opositoras; obstáculos para la inscripción de candidaturas opositoras; impedimentos discriminatorios para el ejercicio del voto en el exterior; el retiro de misiones internacionales de observación electoral; así como detenciones arbitrarias y amedrentamientos a personas opositoras o percibidas como tales», reza parte del informe.
En el documento también señalan que las manifestaciones en contra de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio han sido violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad del régimen venezolano. «Ciudadanos de todo el país han denunciado un fraude electoral masivo y exigen que se respete su derecho al voto«.
Destacan que desde el día de las elecciones hasta la fecha, el gobierno de Maduro ha respondido a las protestas pacíficas con detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y censura a los medios de comunicación. Organizaciones internacionales han condenado estos actos y han llamado al gobierno a garantizar los derechos humanos de todos los venezolanos.
«La segunda etapa tuvo lugar el 28 de julio, durante la elección presidencial. El gobierno implementó una estrategia destinada a manipular los resultados para proclamar como ganador a Nicolás Maduro sin ningún tipo de transparencia. Con este propósito, el CNE detuvo la transmisión de datos bajo el pretexto de un supuesto ciberataque. Asimismo, suspendió la realización de auditorías al proceso electoral y se negó a publicar las actas de votación que respaldaban los resultados anunciados. Anticipando un fraude electoral, la oposición recopiló más del 80% de las actas digitalizadas a nivel nacional, con el objetivo de asegurar transparencia y credibilidad de los resultados de la contienda. La totalización de los votos contenidos en estas actas daría la victoria al candidato opositor Edmundo González Urrutia, con un 67% de los sufragios», manifiestan.
Operación «Tun Tun»: Un escalofriante operativo de detenciones
En el documento señalan que una ola de manifestaciones espontáneas, desencadenada por la creciente percepción de fraude electoral, sacudió al país en las últimas semanas. Cientos de ciudadanos, principalmente jóvenes en situación de pobreza, salieron a las calles para exigir sus derechos y denunciar la crisis.
Sin embargo, según CIDH, la respuesta del gobierno de Maduro ha sido contundente y brutal. Señalan que en un claro intento por sofocar la disidencia, las autoridades implementaron una nueva fase de represión sistemática, caracterizada por el terror y la violencia.
Entre las tácticas empleadas por el gobierno de Maduro, la CIDH destaca la denominada «Operación Tun Tun«, en la cual agentes de seguridad allanó viviendas en plena madrugada, deteniendo arbitrariamente a miles de personas, incluyendo niños, niñas y adolescentes. Esta operación dejó saldo de al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas, y miles de detenciones arbitrarias.
Además, refieren que se reportó numerosos casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de expresión. Destacan la cancelación abrupta de pasaportes y la marcación de viviendas opositoras son otras de las medidas implementadas para aterrorizar a la población.
Elecciones en Venezuela carecen de legitimidad democrática
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye en el informe que las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el pasado 28 de julio no cumplieron con los estándares democráticos internacionales.
Según el organismo, la opacidad en el proceso electoral, sumada a severas restricciones a los derechos políticos de la oposición y de la ciudadanía en general, impiden considerar legítima la reelección de Nicolás Maduro. La CIDH ha calificado estas acciones como una clara alteración del orden constitucional.
El informe también denuncia prácticas de terrorismo de Estado por parte del gobierno venezolano, dirigidas a amedrentar a la población y consolidar un régimen de facto. La Comisión destacó la grave situación de derechos humanos en el país y ha subrayado la importancia de la democracia y el Estado de Derecho como pilares fundamentales para garantizar la protección de los derechos humanos.
Por último, la CIDH ha determinado que el gobierno venezolano implementó una estrategia sistemática de represión, incluyendo prácticas de terrorismo de Estado, con el objetivo de aterrorizar a la población y silenciar cualquier disidencia. Señalan que estas acciones han generado un clima de miedo y han impedido la celebración de elecciones libres y justas.
