Trabajo de runrun.es
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este martes, 7 de enero de 2025, un informe que denunció la violación sistemática de derechos que hubo en medio del contexto electoral venezolano a lo largo de 2024.
El documento, titulado “Venezuela. Graves violaciones a los Derechos humanos en el Contexto electoral” analizó la persecución y represión política, así como la situación de la libertad de expresión, en los meses previos a los comicios presidenciales, así como durante y después de estos, y concluyó que hubo “prácticas de terrorismo de Estado” que buscaron infundir el miedo en la población.
“Ante el incremento de la persecución política en el país, en el marco de las elecciones presidenciales de 2024, la CIDH activó todos sus mecanismos de protección, incluyendo la instalación de una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI Venezuela)”, subrayo el documento.
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El informe fue solicitado por “numerosas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos” y analizó “los testimonios recibidos a través el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE)”, información disponible sobre los casos, peticiones y medidas cautelares y provisionales, y otros documentos de la Comisión. Además, se basó en los actos oficiales e información pública del Estado y las conclusiones de otros órganos internacionales de derechos humanos.
CIDH y la represión por etapas
Todo lo sucedido durante el período analizado violó el derecho a la igualdad de oportunidades para postularse a unos comicios, a hacer campaña sin restricciones arbitrarias ni discriminatorias, a unas elecciones libres, a la seguridad, a la vida, a la igualdad ante la ley, a la presunción de la inocencia, a la vida privada, a circular libremente por el país y a salir y regresar a este, a la identidad, a la libertad, entre otros.
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Para la CIDH, la administración de Nicolás Maduro ejecutó una “estrategia represiva coordinada” antes, durante y después de la elección presidencial del pasado 28 de julio para perpetuarse en el poder, en la que usó “prácticas de terrorismo de Estado”.
La Comisión destacó que toda la estrategia se implementó en tres etapas. La primera fue durante el período preelectoral y pretendió impedir la “participación política” de la oposición en el proceso. Por medio de instituciones como la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y las fuerzas de seguridad se giraron instrucciones para hostigar, perseguir y detener a “personas opositoras, defensoras de derechos humanos y con liderazgo social”, así como retirar a misiones internacionales de observación comicial.
Esa primera etapa también incluyó acciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para restringir la libertad de prensa, y del Consejo Nacional Electoral (CNE) para negar “el derecho al voto en el extranjero”, lo que afectó al menos a cinco millones de venezolanos.
Ejecución de segunda y tercera etapa de la estrategia
La segunda etapa se ejecutó el día de la elección: 28 de julio de 2024, cuando se manipularon “los resultados para proclamar como ganador a Nicolás Maduro sin ningún tipo de transparencia”. La CIDH resalta que el CNE detuvo la transmisión de datos por un supuesto “ciberataque”, suspendió auditorías al proceso electoral y nunca publicó las actas de votación.
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La tercera etapa fue la represión sistemática contra la ciudadanía que protestó por el presunto fraude electoral. Según la institución, se incrementó “el terror como herramienta de control social” por medio de los ataques de grupos civiles de choque (colectivos) y la “Operación Tun Tun”.
El resultado fueron “al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias —incluyendo niñas, niños y adolescentes—, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de expresión”. La Comisión también menciona como “técnicas” represivas, las “detenciones masivas, allanamientos sin orden judicial, marcación de viviendas opositoras, redadas en barrios populares y cancelación abrupta de pasaportes”.
