El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela denunció que tres detenidos en el contexto de las protestas tras las elecciones presidenciales han iniciado una huelga de hambre en una cárcel del estado Carabobo para exigir su liberación inmediata.
La medida de protesta ocurre luego de que hace tres días las autoridades prometieran la excarcelación de 50 personas, pero, según los detenidos y sus abogados, la promesa aún no se ha concretado.
Héctor Alonso Esqueda Nieves, líder de la huelga
Uno de los principales huelguistas es Héctor Alonso Esqueda Nieves, quien, según el Comité, contactó a sus familiares para informarles de su decisión de iniciar la huelga de hambre. Esqueda Nieves, acusado de terrorismo e incitación al odio, fue detenido el 3 de agosto por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en una estación de servicio en el estado Cojedes, mientras realizaba diligencias personales. «Él está exigiendo su liberación inmediata porque se considera inocente», señaló la organización a través de un mensaje en la red social X (anteriormente Twitter).
A Esqueda Nieves se unieron dos otros presos políticos como muestra de solidaridad y resistencia. Los tres detenidos aseguran que han sido víctimas de una injusticia y de violaciones a sus derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Promesas incumplidas de excarcelación
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos subrayó que, a pesar de las promesas del gobierno de Maduro, la liberación de los presos políticos aún no se ha materializado. A principios de semana, la Fiscalía informó sobre la excarcelación de 413 personas detenidas durante la crisis postelectoral, lo que eleva el total de excarcelaciones a 1.369. Sin embargo, según el Foro Penal, una de las principales organizaciones defensoras de los derechos humanos, aún quedan 1.794 presos políticos en el país, muchos de ellos detenidos tras las protestas contra los resultados oficiales de las presidenciales.
Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, señaló que aún no tienen una cifra exacta de los excarcelados, ya que la Fiscalía no ha hecho pública la lista de los nombres de los liberados. Esto ha dificultado que las organizaciones de derechos humanos puedan verificar de manera independiente las liberaciones anunciadas.
