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La vulneración de derechos humanos y las fallas en los servicios básicos en los estados andinos marcaron 2024, de acuerdo con los registros de un observatorio universitario.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) publicó su resumen sobre la situación de los derechos humanos en la región andina de Venezuela, basado en sus boletines semanales, en lo que consideró un contexto de emergencia humanitaria compleja, ausencia de Estado de derecho y disminución de medios informativos independientes.
El resumen destaca que los derechos políticos fueron los más vulnerados en el contexto de elecciones presidenciales de julio.
Desde enero y hasta el cierre de campaña, la instancia registró 92 casos de persecución política en Táchira (64), Mérida (15) y Trujillo (13), ejecutadas principalmente por funcionarios civiles, militares y policiales, así como por personas afectas al gobierno de Nicolás Maduro. En algunos casos los agresores no quedaron identificados, tenían armas o estaban encapuchados.
Tras los comicios del 28 de julio, ODH-ULA constató la detención de al menos 45 universitarios en todo el país. Solo en la región andina 147 personas fueron arrestadas en la primera semana después de las elecciones.
ODH-ULA aclara que la cifra real de presos políticos fue mucho mayor y nuevas detenciones continúan hasta ahora, pero la opacidad oficial, el impedimento del sistema judicial de permitir la defensa legal de los detenidos a defensores de derechos humanos y abogados privados, así como el miedo de familiares a denunciar el arresto de sus seres queridos, impide precisar todos los casos.
Fallas en servicios básicos
La falta de acceso a servicios básicos de calidad fue una de las violaciones de derechos humanos más difundidas en las ediciones de 2024 de los boletines de periódicos de ODH-ULA.
En prácticamente todos los 49 boletines publicados hubo al menos una denuncia pública sobre fallas en los servicios de electricidad, agua, gas, aseo urbano o vialidad, aseguró la instancia.
Según el observatorio, las fallas en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) afectaron en mayor medida a los estados andinos del país, y derivaron en la afectación de la prestación de otros servicios como el suministro de agua.
Incluso, en febrero se reportó que los constantes cortes eléctricos en Trujillo pusieron en riesgo la vida de más de 60 pacientes renales, por no poder hacerse sus diálisis.
Durante el año hubo reportes de fallas en la recolección de basura en Táchira y Trujillo. En este último estado familiares y pacientes recluidos en el Hospital Rafael Rangel, el principal de Boconó, denunciaron la acumulación de desperdicios en los alrededores, poniendo en riesgo su salud y la de todos los habitantes de la zona.
Las fallas en el servicio de gas fueron recurrentes desde comienzos de año en los tres estados andinos, y en los dos últimos meses del año se intensificaron tras la explosión registrada el 11 de noviembre en la planta Muscar del estado Monagas, añadió.
Derecho a la salud vulnerado
«En la región andina el derecho a la salud es otro derecho humano constantemente vulnerado por el Estado», según ODH-ULA.
Los boletines recogieron durante el año denuncias de ausencia de médicos especialistas para atender emergencias en el Hospital Rafael Rangel, así como deficiencias en el servicio de agua, falta de alumbrado eléctrico, insumos, equipos médicos y reactivos para el laboratorio.
En el Hospital Central de San Cristóbal, según su director Alexander Krinitzky, hubo déficit de personal de enfermería y en Mérida, en el Instituto Autónomo del Seguro Social (IVSS) hubo reportes de inundaciones por las lluvias.
Trabajo y educación
Las protestas ciudadanas registradas durante 2024 en la región andina tuvieron como causa principal las múltiples y continuas violaciones de los derechos laborales, según el boletín.
Las protestas se intensificaron en mayo tras cumplirse dos años sin aumento salarial. Trabajadores de los sectores salud y educación fueron los más activos en los reclamos que tomaron las calles en los tres estados andinos.
En cuanto a la educación, el deterioro de las infraestructuras universitarias se agravó en 2024, aunado a la progresiva reducción de recursos humanos por la precariedad salarial y la crisis nacional, precisó el observatorio.
ODH-ULA señaló que la educación primaria y secundaria también empeoran en la región andina. A comienzos del año pasado, más de 40 % de las instituciones educativas de la entidad no estaban en condiciones de funcionar por el avanzado deterioro de su infraestructura, según representantes sindicales del magisterio del estado Táchira.
En septiembre, el Colegio de Licenciados del estado Táchira advirtió que 70 % de las escuelas y liceos no estaban aptos para iniciar el año escolar 2024-2025.
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