La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), que forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha lanzado una nueva y alarmante alerta sobre la grave situación de la libertad de prensa en Venezuela. En un comunicado reciente, la organización denunció un recrudecimiento de la represión contra periodistas y medios de comunicación, caracterizado por detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamiento y censura.
A menos de un año de las elecciones presidenciales, el gobierno venezolano ha intensificado sus ataques contra aquellos que ejercen su derecho a informar. Periodistas, editores y medios de comunicación independientes son objeto de una campaña de persecución sistemática que busca silenciar cualquier voz crítica que se alce ante la administración oficialista.
«Las declaraciones estigmatizantes de funcionarios públicos contra periodistas, sumadas a campañas de desprestigio para desacreditar su labor, han exacerbado la violencia contra la prensa y agudizado un clima de temor y autocensura, lo que ha obligado a muchos periodistas a modificar sus rutinas, suspender la cobertura de asuntos de interés público relacionados con las elecciones, desplazarse, exiliarse o, en algunos casos, abandonar definitivamente su profesión», sentenciaron en el comunicado.
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Debilitamiento de libertad comunicacional en el país
Las consecuencias de esta represión son devastadoras. Los ciudadanos venezolanos se ven privados de su derecho a recibir información veraz y oportuna, lo que impide un debate público informado y limita su capacidad para participar en la vida política del país. Además, la autocensura se ha generalizado, lo que ha llevado a un empobrecimiento del debate público y a la consolidación de un discurso único.
La CIDH ha instado a la comunidad internacional a condenar enérgicamente estas prácticas y a exigir al gobierno venezolano que ponga fin a la persecución de la prensa. Asimismo, la organización ha llamado a los gobiernos de la región y a los organismos internacionales a brindar protección a los periodistas amenazados y a apoyar el fortalecimiento de la sociedad civil venezolana.
Es fundamental que la comunidad internacional actúe de manera conjunta para exigir el respeto a la libertad de expresión en Venezuela y garantizar que los periodistas puedan ejercer su labor de manera libre e independiente. El futuro de la democracia venezolana depende en gran medida de la posibilidad de informar y de ser informados.
Llamado nacional e internacional
De parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, comunicaron a Venezuela que deben:
- Restablecer el orden democrático y el Estado de derecho, garantizando la independencia de los poderes públicos y el acceso a la información electoral, incluyendo la publicación completa de las actas de votación y un escrutinio independiente;
- Liberar inmediatamente a todas las personas detenidas por el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, participación política, asociación y reunión pacífica, incluyendo a periodistas y trabajadores de medios de comunicación que permanecen privados de su libertad;
- Sin perjuicio de lo anterior, proporcionar información actualizada sobre el estado de las personas detenidas y garantizar el acceso inmediato y sin restricciones de organismos internacionales y de derechos humanos a las personas detenidas y sus familiares;
- Cesar de inmediato toda práctica que restrinja de manera indebida directa o indirectamente el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela.
A los Estados del hemisferio y a la comunidad internacional a:
- Condenar enérgicamente la violencia institucional en Venezuela y las violaciones sistemáticas de derechos humanos, especialmente la libertad de expresión, reconociendo su relevancia para la garantía de otros derechos fundamentales y para el restablecimiento de la democracia;
- Exigir al gobierno venezolano la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente y garantizar el acceso sin restricciones de organismos internacionales y de derechos humanos a los detenidos y sus familiares;
- Activar de manera urgente y coordinada canales diplomáticos bilaterales y multilaterales, así como mecanismos de diálogo y seguimiento, dirigidos a proteger el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en Venezuela;
- Exigir la implementación de mecanismos de rendición de cuentas independientes, que garanticen investigaciones imparciales y transparentes sobre violaciones a los derechos humanos, sanción a los responsables y medidas de reparación y no repetición;
- Mantener una observación continua y monitoreo constante hasta la toma de posesión presidencial en enero de 2025 y en los días posteriores.
