Trabajo de Runrunes
566 violaciones a la libertad de prensa, 14 periodistas detenidos, 27 desplazamientos forzados de trabajadores de la prensa, 39 bloqueos a sitios web, 11 corresponsales extranjeros expulsados y 20 emisoras cerradas son algunas de las cifras que se desprenden del informe correspondiente a 2024 (de enero al 10 de diciembre) del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys).
El instituto expuso que de las 566 violaciones, 380 corresponden a casos denunciados por 260 trabajadores de la prensa, de los cuales 155 son hombres y 118 mujeres.
168 reporteros fueron el principal blanco de la persecución y hostigamiento, seguidos por 16 directivos de medios de comunicación, 15 camarógrafos, igual cifra de reporteros gráficos y 14 locutores.
Las agresiones alcanzaron a 109 medios de comunicación, 14 organizaciones de la sociedad civil, una organización gremial y nueve plataformas de redes sociales y software de interés colectivo.
Hubo 150 hechos de amedrentamiento a la prensa independiente y 96 discursos estigmatizantes contra comunicadores sociales.
Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio se produjeron al menos una decena de detenciones de trabajadores de los medios de comunicación, entre quienes se encuentran los periodistas y dirigentes políticos, Roland Carreño, Biagio Pilieri y José Camero.
También fueron aprehendidos y posteriormente excarcelados, la corresponsal del estado Vargas Ana Carolina Guaita, el reportero gráfico Fernando Chuecos, el también fotoperiodista Yousner Alvarado, el camarógrafo de VPItv Paúl León, Joaquín de Ponte, la reportera gráfica Deisy Peña, el locutor Jesús Mata, el editor Gilberto Reina y Carmela Longo.
De la razzia comunicacional poselectoral, nueve periodistas fueron presentados ante tribunales con competencia en terrorismo y les fueron imputados los delitos de incitación al odio y terrorismo, los cuales acarrean condenas superiores a 10 anos de carcel. A todos se les negó el derecho a defensa privada.
Seis de estas aprehensiones fueron hechas en el marco de la cobertura de las protestas que se suscitaron luego de que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Elvis Amoroso declarara a Nicolás Maduro como el ganador de los comicios sin presentar hasta ahora actas ni datos desagregados.
Antes de los comicios fueron detenidos por funcionarios del Estado, el periodista de Vente Venezuela Gabriel González, Luis López, el comunicador social y activista Carlos Julio Rojas y Ramón Centeno, quien está preso desde febrero de 2021 y padece problemas de salud.
Desplazados y expulsados
Ipys documentó que cerca de treinta profesionales de la comunicación sufrieron desplazamientos forzados, de esa cantidad 22 salieron de sus localidades o del país de manera no voluntaria debido a persecución o amenazas luego del 28 de julio.
11 corresponsales extranjeros fueron inadmitidos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, seis fueron devueltos al arribar en sus respectivos vuelos y cinco fueron detenidos.
Hubo 39 bloqueos digitales a medios independientes y al menos 20 estaciones radiales fueron cerradas por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
El estado que registró mayor cierre de emisoras fue Lara con cuatro, seguido de Portuguesa y Zulia, con tres respectivamente; Bolívar, Carabobo y Guárico con dos y Falcón, Aragua, Trujillo y Yaracuy con una cada una.
El instituto igualmente registró 85 restricciones a internet, incluyendo bloqueos y ciberataques, mientras que hubo 58 limitaciones de acceso a la información.
Ipys contabilizó 45 hechos de restricciones administrativas, 41 de censura directa y 32 de hostigamiento judicial.
Del total de incidentes reportados por Ipys, 169 casos ocurrieron a nivel nacional. Seguidamente se registró el Área Metropolitana de Caracas con 35, mientras que entidades como Bolívar (19), Trujillo (16) y Lara (13) superan la decena de vulneraciones denunciadas, especialmente luego de las elecciones.
Los principales victimarios de los ataques a la prensa fueron los cuerpos de seguridad del Estado, en 131 oportunidades.
El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lideró la persecución con 23 agresiones de acuerdo a Ipys. Le siguió la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con 19 y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Plan República, cada uno con 18 incidentes.
Según la organización, Conatel ejecutó 22 ataques contra medios y periodistas y los ministerios otros 20. Por su parte, los proveedores de internet protagonizaron 140 agresiones, otros 59 ataques estuvieron a cargo de personas no identificadas y otras 38 alineadas con el oficialismo.
Prensa en alerta roja
Ipys registró 11 casos en los que periodistas fueron alertados por fuentes internas de que podrían ser capturados por fuerzas de seguridad y tres casos en los que funcionarios del Sebin fueron hasta los hogares de reporteros como forma de amedrentamiento.
Se documentaron casos de periodistas que, si bien no fueron objeto de ataques directos, decidieron salir de Venezuela debido a la persecución generalizada contra la prensa después del 28 de julio.
De acuerdo al estudio Periodistas en el exilio: aproximación a la diáspora de la prensa venezolana, publicado por Ipys en agosto de este año las restricciones para el ejercicio del periodismo en territorio nacional fueron señaladas por 85,63% de las personas consultadas como razones para migrar.
Leyes contra la libertad de prensa
En el ámbito legislativo el periodismo independiente en Venezuela también recibió un castigo.
Dos leyes que comprometen el ejercicio de la prensa salieron en Gaceta Oficial.
La llamada Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela fue promulgada el pasado 29 de noviembre.
El instrumento legal incluye disposiciones imprecisas que acarrean sanciones desproporcionadas a medios de comunicación, periodistas y cualquier persona que divulgue mensajes que puedan calificarse como promoción de sanciones internacionales contra el Estado o algún funcionario del gobierno de Maduro.
Otra ley que perjudica a los medios de comunicación es la de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones sin Fines de Lucro, la cual fue avalada por la AN de mayoría chavista en agosto y apareció en Gaceta a inicios de diciembre
Dicho instrumento limita la documentación, denuncia y difusión de asuntos de interés social, de acuerdo a varios representantes de ONG. “Impone requisitos para regular el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, afectando así la libertad de asociación y a las personas beneficiarias de las actividades de las ONG en diferentes ámbitos”, reza un comunicado de Ipys.
Por su parte, la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones presentada en abril por la vicepresidenta Delcy Rodríguez ante la AN contempla penas de prisión de hasta doce años, inhabilitaciones políticas, sanciones administrativas y disolución de organizaciones.
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