La administración de Nicolás Maduro, con la creación de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar Contra el Blanqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, busca identificar y sancionar a todas aquellas personas o entidades que incurran en acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado.
Esta ley permitirá al gobierno llevar un control exhaustivo de quienes estén involucrados en actividades que atenten contra los principios fundamentales de la nación.
Las personas o empresas registradas se expondrán a una serie de medidas restrictivas, entre las que destacan:
- Congelamiento preventivo de activos.
- Prohibición de contratar con la República o sus entidades descentralizadas territorial o funcionalmente.
- Suspensión del Registro Nacional de Contratistas.
- Prohibición de exportar o importar mercancías.
- Prohibición de realizar operaciones de compra o venta de inmuebles, vehículos, naves o aeronaves.
- Prohibición de constitución de sociedades mercantiles, civiles o la participación en entidades de sustrato patrimonial.
- Suspensión en la participación de órganos colegiados de gobierno o administración de sociedades mercantiles, civiles o entidades de sustrato patrimonial.
- Además, si el sujeto o entidad incorporado al registro nacional es de nacionalidad extranjera, podrá prohibirse su entrada al país, suspender las visas que se le hubieren otorgado o negar las que solicitare.