BalanceIPYSve | Autocensura, huida o cárcel: en 2024 arrecia la persecución contra la prensa #16Dic

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Una hostilidad creciente que refleja el deterioro de las libertades fundamentales en el país, enfrentan en Venezuela,  los y las periodistas, de acuerdo con el balance elaborado por Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS). 

En efecto, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el ejercicio del periodismo ha estado signado por el recrudecimiento de los patrones de agresión contra la prensa independiente, sobre todo contra profesionales de la comunicación que cubren la conflictividad  asociada a los resultados oficiales de los comicios. Las violaciones de derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión y el derecho a la información, han sido tan graves que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han calificado la situación como “terrorismo de Estado”.

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Mediante un asedio sistemático que busca debilitar el periodismo venezolanoindependiente, el Estado ha redoblado sus esfuerzos para restringir la libertad de expresión y controlar el acceso a información clave para la ciudadanía. Asimismo, en medio de este panorama de violencia y censura, los y las periodistas no solo lidian con riesgos legales y personales, sino con la falta de acceso a fuentes confiables de información debido a la opacidad gubernamental. 

Al 10 de diciembre de 2024, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) documentó 566 violaciones a la libertad de prensa, distribuidas en 380 casos denunciados que perjudicaron a un total de 260 trabajadores de la prensa: 155 hombres y 118 mujeres. Los reporteros fueron las principales víctimas, con 168 personas, seguidos por 16 directivos de medios; 15 camarógrafos; 15 reporteros gráficos, y 14 locutores.

IPYS Venezuela registró la deportación de 11 corresponsales extranjeros, seis devueltos al arribar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y cinco que fueron detenidos después de haber ingresado al país, como evidencia de un intento por limitar la cobertura periodística independiente de las elecciones presidenciales.

Particularmente después del 28 de julio, el hostigamiento se extendió a otros trabajadores de la prensa que dan soporte a la producción de contenidos periodísticos y que, por lo general, están menos expuestos ante la opinión pública.

Las agresiones contra la libertad de expresión alcanzaron a 109 medios de comunicación, 14 organizaciones de la sociedad civil, una organización gremial y nueve plataformas de redes sociales y software de interés colectivo.

Entre los patrones de agresión más graves registrados durante 2024 destacan dos: 1)  las detenciones arbitrarias, que se ejecutaron contra 14 reporteros, 2) y los desplazamientos forzados, que afectaron a 27 periodistas.

Como parte de estas estrategias que buscan silenciar espacios de información, hubo un incremento en los bloqueos digitales contra medios independientes, que alcanzó 39 espacios informativos. Además, 20 estaciones radiales fueron cerradas por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en en los estados Lara (4), Portuguesa (3), Zulia (3), Bolívar (2), Carabobo (2), Guárico (2), Aragua (1), Falcón (1), Trujillo (1) y Yaracuy (1).

Los hechos de amedrentamiento encabezan los registros de ataques a la prensa independiente, con 150 casos reportados, seguidos por discursos estigmatizantes (96) que buscan desacreditar y aislar a los comunicadores. 

Las restricciones en internet , incluyendo bloqueos y ciberataques, sumaron 85 incidentes  y las limitaciones de acceso a la información otros 58. De este modo, fue debilitada la capacidad de los medios para operar y difundir contenido. En este período IPYS Venezuela registró 45 hechos de restricciones administrativas, 41 de censura directa y 32 de hostigamiento judicial que evidencian el uso del aparato legal como herramienta de represión. 

Los victimarios estatales responsables de estas violaciones a las libertades informativas fueron principalmente los cuerpos de seguridad del Estado, en 131 oportunidades. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), con 23, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con 19, y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Plan República, cada uno con 18 incidentes, se posicionan como agentes frecuentes de intimidación y censura, que actúan de manera coordinada para coartar el acceso a la información.

La Conatel ejecutó 22 ataques contra medios y periodistas y los ministerios otros 20, lo que indica el fortalecimiento de un aparato estatal de represión que opera contra la prensa independiente en Venezuela.

En el ámbito no estatal, los proveedores de internet protagonizaron 140 agresiones, a las cuales hay que sumar 59 ataques de personas no identificadas, y otras 38 visiblemente alineadas con el oficialismo.

Del total de incidencias documentadas entre enero y el 10 de diciembre, 169 casos ocurrieron a nivel nacional. Seguidamente en el Área Metropolitana de Caracas hubo 35 accidentes, mientras que entidades como Bolívar (19 casos), Trujillo (16), y Lara (13) también muestran un número elevado de vulneraciones denunciadas, especialmente tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando el contexto estuvo marcado por una intensificación de las tensiones sociales y un aumento en las medidas represivas, particularmente en respuesta a las protestas ciudadanas que se desarrollaron debido a la desconfianza en la transparencia del proceso.

Detenciones

La detención arbitraria contra personas periodistas es uno de los mecanismos de silenciamiento más preocupantes registrados durante 2024, pues agrava los riesgos de ejercer el libre periodismo y los trabajadores de la prensa se inhiben de informar sobre asuntos de interés colectivo para resguardar su libertad.

El efecto inhibitorio se extiende a otras personas periodistas que, con fundamento, también se autocensuran para no correr la misma suerte de quienes han sido detenidas. 

Entre enero y el 10 de diciembre de este año, IPYS Venezuela registró el arresto de 14 personas periodistas, 11 de las cuales siguen en prisión. La mayoría de estas detenciones arbitrarias (11) ocurrieron después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

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