La administración de Nicolás Maduro, a través de la Asamblea Nacional, aprobó la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Esta nueva legislación tiene como «objetivo principal resguardar la soberanía nacional y proteger al Estado de cualquier acción que atente contra su estabilidad».
Según lo establecido en la ley, quienes colaboren de manera directa o indirecta en la imposición de sanciones internacionales en contra de Venezuela, podrán ser sancionados con penas que incluyen inhabilitación política, multas y hasta 30 años de prisión.
Asimismo, la normativa contempla sanciones para los medios de comunicación social que difundan propaganda o publicidad que promueva la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra el país. Los prestadores de servicios de radio y televisión que incumplan esta disposición se exponen a la revocatoria de su concesión y a multas millonarias.
Con esta ley, el Gobierno de Maduro afirma que «busca fortalecer su defensa ante las presiones externas y garantizar la estabilidad política y social de la nación«.
