El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) ha elevado una grave denuncia sobre la situación de los detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según la organización, al menos 11 personas han intentado suicidarse en la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado Aragua, como resultado de las condiciones inhumanas a las que están siendo sometidos.
Una de las víctimas de esta tragedia fue Carlos Valecillo, de 34 años, quien la madrugada del domingo 8 de diciembre intentó quitarse la vida ahorcándose. Afortunadamente, sus compañeros de celda lograron salvarlo. Sin embargo, CLIPP asegura que este no es un caso aislado, sino que forma parte de un patrón de abusos en la prisión.
«Carlos Valecillo no es único ni el primer preso político postelectoral que intenta suicidarse en Tocorón. Al menos 11 detenidos lo han intentado en esta cárcel, y han recibido severos castigos», alertó el comité.
La denuncia también señala que los presos políticos en Tocorón y otras cárceles del país han sido objeto de maltratos, castigos físicos y psicológicos. Según CLIPP, los detenidos han sido privados de alimentos y se les ha sometido a humillaciones, como revisiones exhaustivas en las que incluso se les desnudan para buscar cartas o mensajes destinados a sus familiares.
El comité también alertó sobre las amenazas y el amedrentamiento a familiares y presos que intentan hacer pública esta situación. En este contexto, los detenidos se han visto forzados a mentir a sus familiares para evitar represalias, como golpes, aislamiento o la privación de alimentos y agua.
«A los presos políticos los están desnudando para revisarle hasta los glúteos, buscando cartas o mensajes que puedan escribirle a sus familiares. Los presos políticos están recibiendo un terror psicológico continuado. Los están sometiendo a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Les obligan a no denunciar y mentir a sus familiares, para que estos no denuncien, y así no ser castigados nuevamente con golpes, aislamiento o privación de alimentos e hidratación», denunció el CLIPP.
La situación de los presos políticos en Tocorón refleja una crisis humanitaria que, según el CLIPP, requiere atención inmediata tanto a nivel nacional como internacional. La organización exige que se ponga fin a los abusos y se garantice el respeto a los derechos humanos de los detenidos, quienes continúan viviendo una pesadilla en manos del gobierno.