El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha decidido abrir un caso contra la administración de Nicolás Maduro, en respuesta a las denuncias de un grupo de juristas latinoamericanos que aseguran que se ha cometido un fraude electoral en las elecciones del 28 de julio.
La denuncia fue presentada por cinco abogados con trayectoria en el sistema interamericano y en el de Naciones Unidas a los que se suman Antonia Urrejola, Carlos de Roux, José Antonio Guevara y el venezolano Ignacio Álvarez.
ONU exige preservar material electoral
La decisión del organismo fue comunicada el martes 3 de diciembre, con un conjunto de medidas provisionales, como la exigencia de preservar toda la documentación y materiales sobre los comicios, como el Acta de Totalización, Adjudicación y Proclamación y las Hojas Complementarias de Totalización de los votos.
“Logramos hoy que la ONU determinara a Maduro que se abstenga de destruir el material electoral: todas actas de escrutinio, material de Totalización, Adjudicación y Proclamación!”, escribió en sus redes sociales el jurista brasileño Paulo Abrão.
Investigación sobre violaciones a los derechos políticos
La investigación se centra en las acusaciones de violaciones a los derechos políticos de los venezolanos, especialmente en el contexto de la juramentación prevista para el 10 de enero de 2025.
Los denunciantes, entre ellos el jurista brasileño Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirman que el gobierno de Nicolás Maduro ha intentado consumar un fraude electoral.
Los abogados han denunciado un «patrón sistemático de desconocimiento» de la voluntad del electorado, enfatizando la falta de transparencia, la restricción del voto en el exterior, y la obstrucción del control ciudadano sobre los comicios. Según informes de observadores internacionales, incluido el Centro Carter y el Panel de Expertos de la ONU, el proceso electoral no cumplió con los estándares internacionales.
