Este 3 de diciembre, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha reconocido oficialmente la muerte de 28 personas en el contexto de las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales del pasado mes de julio. A pesar de esta declaración, la información ha generado una gran controversia, por la actuación del Fiscal que intenta minimizar la responsabilidad del Estado en estos hechos y dirigir la atención hacia los actos de manifestantes.
Saab ha asegurado que no existen denuncias creíbles contra funcionarios de seguridad y ha descartado la posibilidad de que menores de edad hayan sido detenidos, a pesar de las numerosas evidencias presentadas por organizaciones de derechos humanos. Esta postura contrasta con los informes de organismos como Provea, que han documentado casos de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y violencia letal por parte de las fuerzas de seguridad.
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El fiscal general ha centrado su discurso en casos aislados de violencia perpetrados por manifestantes, como el homicidio de un funcionario policial, mientras que ha evitado abordar las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y torturas que han sido ampliamente documentadas. Además, ha responsabilizado a los «comanditos» o líderes locales de las protestas por los actos de violencia ocurridos, intentando así deslindar al gobierno de cualquier responsabilidad.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos han expresado su profunda preocupación por la situación en Venezuela y han exigido una investigación independiente e imparcial sobre los hechos de violencia ocurridos durante las protestas. Asimismo, han llamado al gobierno venezolano a garantizar el respeto a los derechos humanos y a liberar a todos los presos políticos.
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