El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció este sábado 30 de noviembre el grave estado de salud de Terris Méndez, un preso político detenido tras las protestas poselectorales en Venezuela. Según el comité, Méndez sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) el miércoles 27 de noviembre, en su celda del Internado Judicial de Carabobo en Tocuyito, y su condición ha empeorado considerablemente.
Rosa Escobar, madre del detenido, hizo un llamado urgente a las autoridades, tras recibir la notificación de los custodios sobre la grave situación de su hijo. Clippve informó que, a pesar de la delicada condición de Méndez, los custodios han alegado que deben esperar una orden de traslado para que el preso reciba atención médica especializada. «Mi hijo solo mueve los ojos», expresó la madre de Terris Méndez, exigiendo que su hijo sea trasladado inmediatamente a un hospital para recibir atención de urgencia.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos solicitó la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que Méndez sea trasladado en una ambulancia a un centro de salud adecuado. La organización destacó la grave vulneración de derechos humanos y la falta de asistencia médica a los detenidos en condiciones críticas en las cárceles venezolanas.
Aumento alarmante de presos políticos en Venezuela
El caso de Terris Méndez se enmarca en un contexto preocupante sobre la situación de los presos políticos en Venezuela. Según el último informe del Foro Penal, la cifra de detenidos por motivos políticos ha alcanzado un récord alarmante de 1.903 personas, lo que representa la cifra más alta de los últimos 20 años. La gran mayoría de los detenidos son hombres (1.658) y civiles (1.741).
El informe de Foro Penal también reveló que al menos 42 adolescentes se encuentran entre los detenidos políticos, una cifra que subraya la preocupación por el impacto de la represión sobre los grupos más vulnerables de la sociedad.
De las 1.943 detenciones realizadas después de las protestas poselectorales del 28 de julio de 2024, se destaca que muchas de ellas fueron efectuadas sin pruebas claras de culpabilidad y sin el debido proceso, violando así derechos fundamentales.