Este fin de semana el gobierno de Nicolás Maduro llevó a cabo un operativo de intervención en dos de los centros penitenciarios más relevantes del estado Lara: la Comunidad Penitenciaria Fénix y el Centro Penitenciario Uribana. Estos operativos forman parte de la Operación Gran Cacique Guaicaipuro, una iniciativa lanzada en 2023 con el objetivo de desmantelar las mafias carcelarias que operan desde estos recintos y mejorar las condiciones de orden, seguridad y reinserción social de los reclusos.
Según un comunicado oficial, el propósito de estas intervenciones es garantizar un sistema penitenciario más estable y seguro, asegurando que los internos, una vez cumplan sus condenas, puedan reintegrarse a la sociedad como «personas útiles» para el progreso social y económico del país. El ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, destacó en sus declaraciones que las acciones buscan “el buen desenvolvimiento de estos espacios”, haciendo énfasis en la formación de un «hombre nuevo» y «una mujer nueva» que puedan contribuir al desarrollo nacional.
A través de su cuenta en Instagram, García Zerpa celebró los avances del operativo, señalando que el trabajo conjunto del Estado venezolano ha garantizado el orden, la disciplina y la seguridad dentro de los centros penitenciarios como parte de la operación en curso. No obstante, el ministro no ofreció detalles específicos sobre los resultados de las intervenciones realizadas en Fénix y Uribana.
Despliegue de funcionarios genera incertidumbre
Por su parte, la organización no gubernamental (ONG) Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que el operativo implicó un despliegue masivo de funcionarios de varios cuerpos de seguridad, incluidos la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Este despliegue generó gran incertidumbre entre los familiares de los internos, quienes se acercaron a las prisiones en busca de información sobre los hechos.
Sin embargo, según el OVP, los funcionarios encargados del operativo les ordenaron retirarse y se negaron a ofrecer detalles sobre lo que estaba ocurriendo en el interior de los centros penitenciarios, lo que aumentó la preocupación y desinformación entre los allegados a los reclusos.
