Mientras el mundo celebra hoy el Día Mundial del Acceso a la Educación Superior, la situación en Venezuela dista mucho de ser motivo de festejo. Numerosas barreras impiden que los jóvenes venezolanos puedan acceder a estudios universitarios, poniendo en evidencia el incumplimiento del Estado en garantizar este derecho fundamental.
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Según datos oficiales presentado por el Observatorio de Universidades (OBU), la matrícula universitaria ha experimentado una reducción cercana al 30% entre 2008 y 2018, aunque algunas autoridades de universidades autónomas estiman que esta cifra supera el 60%. La proliferación de universidades públicas paralelas, vinculadas a intereses partidistas, ha generado una selección arbitraria de carreras, limitando las opciones de los estudiantes.
La Encuesta Nacional de Opinión sobre el Bienestar Universitario (ENOBU) 2023 reveló una situación crítica: el 97% de los estudiantes carece de becas universitarias y el 92% no recibe bonos del sector público. La beca otorgada, equivalente a 5.24 dólares, resulta insuficiente para cubrir los gastos asociados a la educación superior.
La desigualdad también se manifiesta en términos de raza, género y discapacidad. El 78% de los estudiantes encuestados desconocía la existencia de actividades de inclusión de género, mientras que el 97% de las personas con discapacidad no cuenta con servicios o atención especializada.
La situación es particularmente alarmante en regiones como el Amazonas, donde el 90% de los estudiantes indígenas residen en el municipio capital, limitando las oportunidades de los jóvenes de zonas rurales. En el estado Zulia, específicamente en la región de la Guajira, el 90% de los estudiantes carece de transporte universitario, lo que constituye otro obstáculo significativo.
Ante este panorama, OBU señala que la educación superior en Venezuela enfrenta una profunda crisis. La falta de inversión, la politización de las instituciones y la desigualdad en el acceso son algunos de los factores que explican esta situación.
Exhortan al Estado adoptar medidas concretas para garantizar el derecho a la educación superior de todos los venezolanos, y que la comunidad internacional exija el cumplimiento de este compromiso.
