La labor de los jueces, fiscales y defensores públicos no solo volvió a ser calificada como la peor del mundo, por décimo año consecutivo, sino que incluso obtuvo un peor puntaje que en el reporte anterior, de acuerdo con los del Índice de Estado de Derecho 2024 elaborado por la organización World Justice Proyect, en el cual la justicia penal venezolana, va como el el cangreso; hacia atrás, de acuerdo con el criterio de Acceso a la Justicia.
En el estudio, elaborado a partir de 214.000 encuestas a ciudadanos y 3.500 abogados y juristas, la justicia penal apenas recibió 0,11 puntos sobre 1, una centésima menos que el año pasado, con lo cual el país repitió en el puesto 142 de 142 Estados evaluados.
Esta caída se explica porque en seis de los siete factores evaluados (efectividad, cumplimiento de plazos, ausencia de corrupción, imparcialidad, independencia del Gobierno y debido proceso) la justicia penal venezolana vio cómo sus ya malas puntuaciones empeoraron. Solamente se registró un pequeño avance en lo relacionado con la capacidad del sistema para reducir la actividad criminal.
En el aspecto relacionado con la independencia del sistema de justicia criminal frente al Gobierno, Venezuela apenas recibió 0,01 puntos, con lo cual perdió la mitad de la puntuación obtenida en 2023. No obstante, no terminó en el último puesto: este sitial lo ocupa Nicaragua, donde la administración de Daniel Ortega parece haberse asegurado de que los jueces, fiscales y defensores públicos están totalmente sometidos a sus designios.
La realidad corrobora los datos
Los resultados del Índice se producen en un momento en el que la labor de los jueces, fiscales y defensores públicos venezolanos está siendo duramente cuestionada nacional e internacionalmente, debido al rol que han jugado en la represión respecto a las protestas ocurridas tras el anuncio por el CNE de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Según el Foro Penal Venezolano, más de 1.600 personas han sido detenidas luego de los comicios y la inmensa mayoría sigue tras las rejas. Sin embargo, en las últimas semanas se ha abierto una rendija de esperanza desde que el pasado 17 de noviembre el fiscal general de la República, Tarek William Saab anunciara, a través de la cuenta de Instagram de su despacho, que entre los días 15 y 16 de ese mismo mes los tribunales habían otorgado 225 medidas sustitutivas a las privativas de libertad. No obstante, hasta el 24 de noviembre Foro Penal solo ha podido confirmar que se han producido 169 excarcelaciones.
Las medidas se han dado luego de que el presidente Nicolás Maduro le pidiera públicamente al funcionario y al Poder Judicial revisar los miles de casos abiertos tras las cuestionadas elecciones:
«Le hago un llamado al doctor Tarek William Saab, presidente del Poder Ciudadano y fiscal general de la República, y a los jueces del país como jefe de Estado si hay algún caso que rectificar y revisar también que haya justicia. La justicia es justa porque castiga al que hay que castigar y establece la verdad en todos los casos y perdona en caso de que haya habido algún error procedimental. Se han visto casos porque fueron unos disturbios como locos».
Hasta hace poco las acusaciones e imputaciones por delitos como asociación para delinquir o terrorismo formuladas por el Ministerio Público (MP) y las declaraciones de altos funcionarios, comenzando por el propio Maduro, no daban muchos motivos para el optimismo a los apresados y sus familiares.
«Esta vez no va a haber perdón, esta vez lo que va a haber es Tocorón (por la cárcel)», declaró el jefe del Ejecutivo en agosto pasado, cuando prometió que los detenidos «mínimo pasarán en la cárcel 15 años, por criminales», declaró.
La represión descrita no habría sido posible sin el concurso de los principales actores del sistema judicial. Así lo denunció la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela (MIIDHV) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en un informe presentado en septiembre pasado, en el cual afirmó que los poderes públicos «abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo» y ejecutaron «de forma consciente y planificada acciones encaminadas a desarticular y desmovilizar la oposición política organizada; a inhibir la difusión de información independiente y opiniones críticas al Gobierno, ya impedir la protesta ciudadana pacífica».
Poder total
En el índice general de Estado de derecho, el país obtuvo la misma calificación que en 2023: 0,26 puntos. Sin embargo, al revisar los distintos aspectos evaluados, algo que respalda las acusaciones sobre cooptación de la justicia es que la inmensa mayoría de los consultados para elaborar el estudio afirmó que los tribunales venezolanos son incapaces de ejercer algún tipo de control sobre el Poder Ejecutivo.
Una percepción casi similar hay sobre otras instancias que deberían ejercer funciones de vigilancia y supervisión, como la Contraloría General de la República.
Estos datos están en sintonía con los pronunciamientos de instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde 2017 considera que en Venezuela no hay Estado de derecho y que dejó de ser una democracia imperfecta para convertirse en un «régimen autoritario».
El debido proceso brilla por su ausencia
El debido proceso, que según el artículo 49 de la Constitución abarca a otras garantías fundamentales como la posibilidad de defenderse, a ser oído por un juez imparcial en tiempo razonable, a que se le presuma inocente y a exigir al Estado reparaciones por daños sufridos, es inexistente en el país, de acuerdo con el reporte de World Justice Project.
Cuando se trata de su aplicación por parte de la justicia penal, el país consiguió apenas 0,15 puntos y quedó en el penúltimo lugar, solo superado por Myanmar, país del sudeste asiático que a finales de 2021 vivió un golpe militar y que, desde entonces, se encuentra sumido en una guerra civil.
Mal de muchos
La involución que parece estar viviendo Venezuela en materia de Estado de derecho no es un caso aislado; según el Índice se advierte que hoy casi 5.400 millones de personas en todo el planeta viven en países donde el respeto a las leyes y a los derechos humanos es menor que en 2016.
«En todos los rincones del mundo, seguimos viendo cómo los líderes consolidan su autoridad», afirmó William H. Neukom, presidente del World Justice Project, quien advirtió que estos retrocesos tienen un costo muy alto para los ciudadanos.
«Esto tiene graves consecuencias para las libertades individuales, la rendición de cuentas de los gobiernos y la capacidad de los ciudadanos de elegir a sus líderes mediante elecciones libres y justas», advirtió.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Los datos del nuevo Índice de Estado de Derecho son alarmantes, pues señalan que la inmensa mayoría de los habitantes del planeta viven en un país donde los tribunales no dan respuesta oportuna a sus solicitudes y son incapaces de protegerlos de los abusos de sus gobiernos. En este grupo están los 30 millones de venezolanos.
Los resultados del informe corroboran los cuestionamientos y críticas que en las últimas semanas instancias como la MIIDHV han lanzado contra los jueces, fiscales y defensores públicos.
Una conclusión interesante del reporte es que en los países donde se respeta el Estado de derecho sus ciudadanos tienen más posibilidades de ver alternancia en el poder.
