Familiares de detenidos postelectorales en el Internado Judicial Capital «Rodeo I» denunciaron la suspensión de las visitas, generando una ola de alarma y preocupación sobre el bienestar de sus seres queridos. Esta medida, implementada sin previo aviso por las autoridades penitenciarias, se suma a una serie de acciones que, según organizaciones de derechos humanos, evidencian una escalada de la represión contra los detenidos políticos en Venezuela.
La presencia de un fuerte dispositivo de seguridad, incluyendo vehículos militares y un helicóptero, en las inmediaciones del penal ha alimentado los temores de que se estén llevando a cabo traslados masivos de reclusos sin previo aviso. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha denunciado la opacidad en la información oficial sobre estas operaciones, lo que agrava la incertidumbre entre los familiares.
Previamente, los familiares y varias ONG han denunciado las condiciones deplorables en las que se encuentran los privados de libertad en la cárcel del Rodeo I.
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«No permiten ingresar agua potable»
El 21 de noviembre, Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henryberth Rivas, aseguró que luego de siete meses de ser trasladado de El Helicoide, las condiciones siguen siendo críticas. Además, denunció que a los familiares no les permiten ingresar agua potable.
La crisis humanitaria en las cárceles venezolanas se ha agudizado, con denuncias constantes de hacinamiento, falta de alimentos y medicinas, así como de violencia y torturas. El caso del Rodeo I es punto crítico de esta situación, ya que ha sido objeto de múltiples denuncias ante organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La suspensión de las visitas no solo afecta el derecho de los presos políticos a mantener contacto con sus familiares, sino que también dificulta el monitoreo de las condiciones de detención por parte de organizaciones de derechos humanos.
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Es importante recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido medidas provisionales para proteger la vida e integridad de los internos del Rodeo I, debido a las graves condiciones de hacinamiento y violencia que se han registrado en este penal. A pesar de ello, el Estado venezolano ha incumplido reiteradamente estas medidas, demostrando una clara falta de voluntad para garantizar los derechos de los presos políticos.