Iris Varela, diputada electa a la Asamblea Nacional 2020, propuso ante el parlamento revocar la nacionalidad a todos los venezolanos que piden sanciones contra Venezuela.
Varela afirma que si bien los venezolanos por nacimiento no pueden ser privados de su nacionalidad, como lo establece el artículo 35 de la carta magna, por vía administrativa es posible anular todos los documentos de identificación y registro de dueños de empresas que “traicionan al país”.
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Pero, ¿qué dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículo 42 y 112?
El artículo 42 de la Constitución establece una relación directa entre la nacionalidad y la ciudadanía venezolana. Esto significa que al perder o renunciar a la nacionalidad, se pierde automáticamente la ciudadanía, con todas las implicaciones que esto conlleva en términos de derechos políticos y civiles.
Es importante destacar que la suspensión de la ciudadanía o de algún derecho político sólo puede ocurrir mediante una sentencia judicial firme, en los casos específicos que la ley determine.
Por otra parte, el artículo 112 de la Constitución garantiza la libertad de empresa, un pilar fundamental para el desarrollo económico del país. Este artículo establece que todas las personas, tanto venezolanas como extranjeras con residencia legal, tienen el derecho de dedicarse libremente a la actividad económica que elijan.
Aunque la Constitución no detalla un procedimiento específico para la identificación y registro de los dueños de empresas, los principios establecidos en el artículo 112, junto con otras disposiciones legales, sirven como marco jurídico para el funcionamiento de las empresas en Venezuela.
