La Corte Constitucional de Colombia ha ordenado al gobierno nacional implementar medidas que faciliten el acceso al mercado laboral para los migrantes venezolanos en condición de refugiados. La decisión judicial busca garantizar los derechos de esta población y promover su integración social y económica en el país.
La Corte ha ordenado al Ministerio de Relaciones Exteriores publicar una hoja de ruta clara y detallada que informe a los migrantes venezolanos sobre los procedimientos para obtener una visa de trabajo mientras se resuelve su solicitud de refugio. Esta medida busca eliminar las barreras burocráticas que impedían a los migrantes acceder a oportunidades laborales y mejorar así sus condiciones de vida.
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Además, el alto tribunal ha ordenado a Migración Colombia abstenerse de exigir a los migrantes venezolanos que desistan del salvoconducto SC-2, un documento necesario para tramitar el Permiso de Protección Temporal (PPT), con el fin de acceder al estudio y entrega de este último. La Corte ha considerado que esta exigencia era una barrera administrativa que vulneraba los derechos de los migrantes.
Esta decisión judicial se produce en respuesta a una tutela interpuesta por dos ciudadanos venezolanos que alegaron que las trabas burocráticas les impedían trabajar legalmente en Colombia y acceder a los beneficios que les correspondían como refugiados. La Corte ha reconocido la importancia de garantizar el acceso al trabajo como un derecho fundamental y ha señalado que los migrantes venezolanos tienen derecho a vivir en condiciones dignas y a contribuir al desarrollo del país.
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Con esta sentencia, la Corte Constitucional reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos de los migrantes y envía un mensaje claro al gobierno colombiano sobre la necesidad de adoptar políticas migratorias más justas y equitativas. Se espera que esta decisión impulse la implementación de medidas concretas para facilitar la integración de los migrantes venezolanos en el mercado laboral colombiano.
