La Fiscalía General del gobierno de Nicolás Maduro anunció este viernes la apertura de una investigación en contra de la líder opositora, María Corina Machado, por su presunto apoyo a la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la Ley BOLÍVAR.
Según el Ministerio Público (MP), Machado será imputada por los delitos de «traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir».
En un comunicado emitido por la Fiscalía, se señaló que la investigación tiene como base la supuesta promoción y apoyo de la política estadounidense que busca reforzar las sanciones contra la administración chavista, con la Ley BOLÍVAR. Dicho proyecto de ley propone ampliar las restricciones contra el gobierno venezolano y sus aliados, sancionando a individuos y entidades vinculadas con el gobierno de Maduro, con el fin de presionar aún más a la administración de Caracas.
El MP condenó la postura de la opositora, argumentando que su respaldo a la Ley BOLÍVAR es un acto «criminal», que contribuiría a «terribles actos delincuenciales contra el pueblo venezolano». En este sentido, el comunicado de la Fiscalía calificó la acción de Machado como un ataque directo a la soberanía nacional, por su colaboración con intereses externos que, según el régimen, están buscando desestabilizar al país.
Por su parte, la Cancillería de Venezuela también se pronunció en contra de la Ley BOLÍVAR, calificándola de “ofensa” a la figura del libertador Simón Bolívar. En un comunicado oficial, Yván Gil, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, rechazó categóricamente la aprobación de la ley, acusando a la administración estadounidense de fomentar una nueva agresión contra el pueblo venezolano y el sistema empresarial de Estados Unidos. En el documento, se subrayó que la ley busca «impedir el relacionamiento y la cooperación económica de Venezuela y los Estados Unidos», lo que, según el gobierno de Maduro, representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas.
El rechazo al proyecto de ley, que ha sido promovido por sectores de la oposición venezolana, se une a la crítica generalizada de la política exterior estadounidense hacia el gobierno chavista, marcada por las más de 930 sanciones unilaterales y extraterritoriales que, según Caracas, afectan directamente a la población venezolana.
