La Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV) de la Corte Penal Internacional (CPI) ha expresado su creciente preocupación por la falta de avances en la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
En un escrito dirigido a la Sala de Apelaciones de la CPI, la Oficina cuestionó al fiscal Karim Khan por no priorizar adecuadamente el caso y por no emprender acciones concretas para la apertura de un caso o la emisión de órdenes de captura desde que se reanudara la investigación en junio de 2023.
Las víctimas, que han esperado por años una respuesta judicial, han mostrado un profundo descontento ante lo que consideran una falta de urgencia en la situación de Venezuela. Según la OPCV, muchas víctimas sienten que los crímenes y el sufrimiento de los venezolanos no han recibido la misma atención que otros casos de crímenes de lesa humanidad, donde las investigaciones avanzaron con mayor rapidez. La Oficina destaca que los largos períodos de inacción ponen en riesgo la efectividad de la investigación, ya que con el paso del tiempo los recuerdos de los testigos se desvanecen, la evidencia se deteriora y los testigos se vuelven más difíciles de localizar.
El texto subraya además que, a pesar de las graves denuncias que continúan surgiendo sobre la represión política en Venezuela, especialmente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el fiscal Khan no ha adoptado una postura pública frente a los crímenes postelectorales. Las protestas que siguieron a los comicios fueron respondidas por el gobierno con una masiva operación de detenciones, que según cifras oficiales alcanzó niveles comparables a las de protestas previas en 2014, 2017 y 2019. Sin embargo, las detenciones no se limitaron a figuras políticas, sino que incluyeron a miles de ciudadanos comunes, muchos de ellos jóvenes de sectores populares, y una proporción alarmante de niños, niñas y adolescentes.
La OPCV también denunció que en el marco de esta represión postelectoral, al menos 25 personas fueron asesinadas, la mayoría de ellas por disparos, en lo que se ha denominado la «Operación Tun Tun». Esta campaña de represión, orientada a infundir miedo, se caracterizó por el despliegue de fuerzas de seguridad que marcaron viviendas de opositores y las sometieron a detenciones arbitrarias.
En su misiva, la Oficina critica al fiscal Khan por mantener un enfoque de «complementariedad positiva» frente al gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de la determinación de la Sala de Apelaciones de que Venezuela no está llevando a cabo investigaciones genuinas sobre los crímenes. La falta de respuesta ha generado un sentimiento de abandono entre las víctimas, quienes ahora sienten que sus luchas por justicia están siendo ignoradas por la CPI.
