Trabajo de www.correodelcaroni.com
El artículo 280 de la Constitución de la República establece que “la Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas”.
Sin embargo, el defensor del Pueblo Alfredo Ruiz Angulo, en franco incumplimiento del artículo 280, no se ha pronunciado sobre las más de 2 mil detenciones ocurridas en el contexto postelectoral. Tampoco lo ha hecho ante los al menos 25 asesinatos en las protestas, la represión masiva o la activación de la llamada Operación Tun Tun por parte de autoridades y partidarios del oficialismo, que mantiene un clima de temor en el país.
Ruiz ocupó el cargo de defensor del Pueblo interino desde el 5 de agosto de 2017, ese mismo año, 12 días más tarde, la Asamblea Nacional Constituyente confirmó el ejercicio de sus funciones el 17 de agosto. Y no fue hasta el 21 de noviembre de 2018 cuando fue ratificado en el cargo y como miembro del Consejo Moral Republicano por la AN oficialista.
Pasados 7 años de ese nombramiento, el pasado 31 de octubre fue ratificado para el período 2024-2031, aunque el artículo 280 de la Constitución indica que el defensor del Pueblo será designado “por un único período de siete años”.
Oenegés defensoras de derechos humanos en Venezuela advirtieron que la ratificación de Alfredo Ruiz en su cargo, “constituye un retroceso para los derechos humanos y la democracia en el país”, pues “ha guardado silencio ante graves violaciones”.
El cargo anteriormente lo desempeñó Tarek William Saab, en ese entonces las omisiones de sus funciones ocasionaron que la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri, por sus siglas en inglés) degradara a categoría B a la Defensoría del Pueblo de Venezuela, puesto que no cumple con el deber estipulado en la Constitución.
Trayectoria enmudecida
El educador mención filosofía fue defensor de derechos humanos y miembro fundador de la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, cuyas denuncias eran contra el abuso policial y las torturas a los detenidos de sectores populares, de acuerdo con el comunicado elaborado por la ONG Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento.
No obstante, su gestión como defensor del Pueblo se caracteriza por el silencio absoluto y su falta de pronunciamiento alcanza incluso las irregularidades del funcionamiento de servicios públicos, cuyo seguimiento es una de las funciones que debe velar según descripción de su cargo. Todo esto en el marco de “una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente”, advierte la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela en su último informe.
Ruiz suele mantenerse activo en redes y hace presencia en actividades vinculadas con el gobierno, pero no reseña nada relacionado con sus competencias. Asimismo no hubo declaraciones de su parte sobre la falta de transparencia e irregularidades denunciadas en el proceso electoral de las presidenciales. En cambio reconoció que “la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió cualquier duda tras emitir la sentencia que ratificó la victoria del presidente Nicolás Maduro en los comicios del pasado 28 de julio”.
“Ante cualquier duda o controversia, es poder resolverla, garantizando en Venezuela el voto, el sufragio, la participación política, como un derecho humano fundamental”, dijo Ruiz.
Entre 2015 y 2017 se desempeñó como secretario de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Ahora, como esta comisión está integrada a la estructura organizativa de la Defensoría del Pueblo, es Alfredo Ruiz quien la preside.
El defensor del Pueblo tampoco declaró sobre las torturas que denuncian familiares de las víctimas de detenciones arbitrarias, defensores de derechos humanos, políticos y organizaciones nacionales e internacionales. Testimonios de sobrevivientes relatan métodos como descargas eléctricas, asfixia y golpizas.
Según Foro Penal, cerca de 18 mil personas fueron arrestadas por oponerse a la administración de Maduro en los últimos 10 años.
“La severidad de la represión, el esfuerzo por demostrar resultados a través de encarcelamientos y el uso de maltratos y torturas han instaurado un clima de temor generalizado entre la población, reduciendo aún más el espacio cívico”, describió la Misión de las Naciones Unidas.
Esta misma instancia reconoció que las acciones de la Defensoría del Pueblo “están muy lejos de cumplir con su función constitucional de promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los tratados de derechos humanos”, como reza el artículo 280.
Cumplir sus funciones
En junio de 2023 hubo protestas en la sede de la Defensoría del Pueblo, en Caracas, por la encarcelación de dos trabajadores de la empresa Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Leonardo Azócar y Daniel Romero.
Funcionarios de esta institución atendieron a una representación de los manifestantes y se comprometieron a investigar dónde fueron recluidos, debido a que estaban en “situación de desaparición forzada”, según el reporte del medio Efecto Cocuyo.
Un día después se informó a uno de los abogados de los apresados que se encontraban en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Fue la protesta lo que abocó a este organismo a activarse en sus funciones de “velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos”, conforme con la Constitución. No fue un acto producto del ejercicio de las funciones de la Defensoría del Pueblo.
