La Corte Constitucional de Colombia ha emitido una orden que obliga a la Cancillería del país a publicar una hoja de ruta detallada para que los migrantes venezolanos en condición de refugiados puedan acceder a una visa que les permita trabajar legalmente mientras se resuelve su solicitud de refugio.
Esta decisión se da en el contexto de la creciente migración venezolana y la necesidad urgente de regularizar la situación de miles de migrantes que han llegado a Colombia en los últimos años.
El fallo responde a una tutela presentada por dos migrantes venezolanos que alegaron que sus derechos fueron vulnerados por la falta de respuesta por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Trabajo y la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia. Según los demandantes, estas entidades no atendieron adecuadamente sus solicitudes de priorización para obtener el Permiso de Protección Temporal (PPT) para su núcleo familiar. Esta situación les impidió trabajar de forma legal en el país, lo que generó condiciones precarias para su sustento diario.
Los migrantes también denunciaron que se les habría negado el salvoconducto SC-2, un documento necesario para gestionar el PPT. Este salvoconducto, que es expedido por Migración Colombia, es un permiso temporal que otorga a los extranjeros que están en proceso de obtener una visa, con una duración de hasta 90 días, prorrogable por otros tres meses.
El fallo de la Corte Constitucional subraya que, aunque el salvoconducto SC-2 y el PPT no pueden coexistir, la prohibición de acceso simultáneo a ambos documentos no debe ser utilizada como una barrera administrativa que limite el acceso a los beneficios que los migrantes tienen derecho a recibir. La Corte ordenó a Migración Colombia abstenerse de instar a los migrantes a desistir del salvoconducto SC-2, asegurando que la negativa no debe ser un obstáculo adicional para acceder a la regularización y los beneficios laborales.
Esta decisión representa un paso importante en la protección de los derechos laborales de los migrantes venezolanos, quienes, además de enfrentar dificultades para regularizar su estatus migratorio, han tenido que lidiar con obstáculos administrativos que han complicado su inserción en el mercado laboral colombiano.
La Corte Constitucional también ha instado a la Cancillería a crear un proceso claro y accesible para que los migrantes venezolanos conozcan cómo pueden obtener la visa que les permitirá trabajar mientras su solicitud de refugio sigue su curso. Esta medida busca facilitar la integración de los migrantes en la economía colombiana y garantizar que no queden en la informalidad laboral, lo que a menudo los expone a condiciones de explotación.
