España legalizará a unos 300.000 migrantes indocumentados al año a partir mayo del 2025 y hasta 2027, dijo este miércoles la ministra de Migración del país. La política tiene como objetivo expandir la fuerza laboral española que está envejeciendo y permitir que los extranjeros que viven en el país sin la documentación adecuada, obtengan permisos de trabajo y residencia.
España se ha mantenido abierta en gran medida a recibir migrantes, incluso mientras otras naciones europeas buscan endurecer sus fronteras a los cruces ilegales y a los solicitantes de asilo.
España necesita alrededor de 250.000 trabajadores extranjeros registrados al año para mantener su estado de bienestar, dijo la ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, en una entrevista este miércoles. Sostuvo que la política de legalización no está dirigida únicamente a la riqueza cultural y el respeto por los derechos humanos, sino que también significa prosperidad.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha descrito a menudo las políticas de migración de su gobierno como un medio para combatir la baja tasa de natalidad del país. En agosto, Sánchez visitó tres naciones del oeste de África con la idea de abordar el tema de la migración irregular a las Islas Canarias de España.
La nueva política, aprobada el martes por el gobierno de coalición minoritaria de izquierda, simplifica los procedimientos administrativos para visas de corto y largo plazo y proporciona protecciones laborales adicionales a los migrantes. Amplía a un año una visa que se ofrecía antes solo por tres meses.
Para mediados de noviembre, unos 54.000 migrantes indocumentados habían llegado a España este año por mar o tierra, según el Ministerio del Interior. Se desconoce el número exacto de extranjeros que viven en el país sin documentación.
Muchos migrantes irregulares se ganan la vida en la economía subterránea de España como recolectores de frutas, cuidadores, conductores de entrega u otros trabajos mal pagados pero esenciales, que a menudo no quieren los españoles.
Debido a que no cuentan con protecciones legales, pueden ser vulnerables a la explotación y el abuso. Saiz dijo que la nueva política ayudaría a prevenir tales abusos y serviría para combatir a las mafias, el fraude y la violación de derechos.
