Familiares de varios presos políticos recluidos en el centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), conocido como El Helicoide, denunciaron este martes las condiciones extremas de aislamiento y la falta de acceso a visitas y contacto con los abogados de confianza.
Según las denuncias, las autoridades impiden cualquier tipo de comunicación con los detenidos, lo que ha generado una creciente incertidumbre y preocupación sobre su bienestar.
María Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha, uno de los presos políticos más conocidos, expresó la angustia que enfrenta su familia debido a la falta de información sobre su paradero y estado de salud. «Queremos creer que están vivos, queremos creer que están bien, pero no tenemos certeza de nada. La palabra que define estos días es incertidumbre», afirmó Cipriani. En sus declaraciones, también denunció el trato inhumano al que, según ella, están sometidos sus familiares. «Rehenes son ellos y rehenes somos nosotros, porque somos acosadas y tenemos miedo», agregó.
Cipriani exigió la liberación de su esposo, subrayando que «decir la verdad y luchar por los derechos de todos no es un delito». Además, se unió al llamado de otras esposas y familiares de detenidos, como Aurora Silva, quien es esposa de Freddy Superlano, dirigente del partido Voluntad Popular. Silva destacó que los detenidos, incluidos su esposo, «no son terroristas», y que el único «delito» que han cometido es defender la voluntad del pueblo. Exigió que se les permita el derecho a visitar a sus seres queridos y comprobar su estado de salud, tras más de 100 días sin contacto directo.
Otro caso denunciado fue el de Raizeida De Grazia, hija del dirigente político Américo De Grazia, quien también se encuentra recluido en El Helicoide. De Grazia señaló que no han podido confirmar si su padre se encuentra en ese centro de detención, y que desde su arresto, las autoridades han impedido cualquier tipo de visita o comunicación con él. «Nos están violando todos sus derechos», denunció, exigiendo la intervención de organismos internacionales, como la Corte Penal Internacional (CPI), para frenar estas violaciones.
Por último, María Livia Vasile, esposa del dirigente Biagio Pilieri, pidió a las autoridades que se respete el debido proceso y se permita a los familiares tener acceso a la información sobre las condiciones de salud de sus seres queridos. «!Pedimos que se respete el derecho que tenemos como familiares de poder verlos«, exigió Vasile.
Las denuncias de los familiares de los presos políticos han generado alarma sobre las condiciones de detención en El Helicoide y la falta de garantías para el ejercicio de los derechos humanos en Venezuela. Las organizaciones defensoras de derechos humanos, como Foro Penal y Amnistía Internacional, han alertado sobre la situación de estos detenidos, que según ellos, permanecen en cárceles sin acceso a un juicio justo ni a la defensa legal adecuada.
