El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) citó a Óscar Murillo, coordinador general de la organización no gubernamental (ONG) Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), para que declare en relación con una investigación vinculada a un presunto «delito de odio», según lo estipulado en la legislación venezolana.
La citación ha generado preocupación en Provea, ya que la boleta no proporciona detalles claros sobre el origen ni los fundamentos de la investigación, ni especifica la cualidad procesal bajo la cual Murillo debe comparecer, lo que ha sido interpretado como un acto de hostigamiento.
La ONG ha expresado su alarma debido a que este hecho se produce en un contexto de «creciente represión y amenazas» hacia organizaciones y defensores de derechos humanos en Venezuela, especialmente después de las elecciones del 28 de julio.
La escalada de abusos ha sido acompañada por agresivas declaraciones por parte de altos funcionarios del gobierno, incluyendo al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Este último ha liderado una serie de ataques contra quienes han solicitado una investigación imparcial sobre las circunstancias que rodearon la muerte del líder opositor Edwin Santos, ocurrida en el estado Apure.
En este contexto, el propio Cabello mencionó a Provea en su programa de televisión Con El Mazo Dando, refiriéndose al caso de Santos, y anunció que citando a la organización para que presentara testigos del asesinato. «Van a ser citados al CICPC los que dijeron que hay testigos, van a tener que llevar a los testigos para que no se cree que aquí perseguimos… Provea tiene que buscar los testigos«, aseguró Cabello el 30 de octubre. Las acusaciones de Cabello han sido interpretadas como parte de una estrategia para presionar y desacreditar a las ONG que defienden los derechos humanos en el país.
Entre los años 2020 y 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que los miembros de Provea enfrentan una creciente situación de riesgo debido a su trabajo como defensores de derechos humanos. Esta situación se ha visto agravada por los constantes señalamientos en medios de comunicación estatales y la vigilancia por parte de organismos de seguridad del Estado.
