Amnistía Internacional expresó este martes su firme rechazo al acoso por parte del Estado venezolano contra organizaciones no gubernamentales (ONG), luego de que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) citara a Óscar Murillo, coordinador general de Provea, en el marco de una investigación sobre un presunto «delito de odio» bajo la Ley contra el Odio.
La citación se produce en un contexto de creciente hostigamiento hacia las organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela, que han sido objeto de persecución en los últimos meses.
En un comunicado, Amnistía Internacional exigió al gobierno Nicolás Maduro y a otras autoridades venezolanas que pongan fin al acoso contra Provea, calificando de «intolerable» cualquier intento de silenciar la labor de la ONG. «Exigimos urgentemente a Nicolás Maduro y otras autoridades del país frenar el acoso contra Provea. Su contribución histórica a los derechos humanos en el país no puede ser castigada ni silenciada», expresó la organización en su pronunciamiento.
El CICPC citó a Murillo en relación con una investigación que involucra un presunto «delito de odio» contemplado en la legislación venezolana, sin especificar los detalles sobre el origen de la acusación ni las razones que justifican la citación. Además, Provea ha señalado que la boleta no aclara la «cualidad procesal» bajo la cual Murillo debe comparecer, lo que aumenta las preocupaciones sobre la naturaleza política de la citación.
La citación de Murillo ocurre en un contexto especialmente delicado para la organización, que ha sido objeto de constantes amenazas y hostigamientos desde los comicios de julio pasado. Según denuncias de Provea, estos ataques forman parte de una escalada de abusos dirigida por funcionarios del gobierno, en especial por Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Cabello ha dirigido recientemente agresivas campañas contra Provea y otras organizaciones que han solicitado una investigación imparcial sobre la muerte del líder opositor Edwin Santos en el estado Apure.
El 23 de octubre, Santos, quien era un conocido dirigente opositor, desapareció en circunstancias que aún no han sido aclaradas. Su desaparición fue denunciada públicamente por sus familiares, quienes a través de un video en redes sociales pidieron justicia y señalaron la posible responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado en el hecho. La situación de Santos, un caso emblemático de desaparición forzada, ha generado una creciente preocupación tanto a nivel nacional como internacional, exacerbando el clima de hostigamiento contra quienes se atreven a cuestionar las acciones del gobierno venezolano.
Amnistía Internacional ha subrayado la importancia del trabajo de Provea en la defensa de los derechos humanos en Venezuela y ha advertido que cualquier intento de intimidar a la organización no debe quedar impune. «El gobierno venezolano debe cesar su política de represión contra defensores de derechos humanos y garantizar que puedan ejercer su labor sin temor a represalias», concluyó la organización.
