El panorama político venezolano se enfrenta a un nuevo capítulo de hostilidad. Las recientes reformas legislativas propuestas al sistema electoral, a la fiscalización de ONG, a la ley de comunas y a la libertad de expresión a través de la Ley de Protección del Derecho al Olvido, son un claro ejemplo de cómo pueden convertir las leyes en herramientas de persecución. Este periodo más oscuro no solo limita la participación democrática, sino que intensifica el temor entre los venezolanos a expresar cualquier crítica o propuesta que nos permita avanzar.
Las inhabilitaciones, la judicialización de organizaciones políticas y las amenazas de sanciones penales a aquellos que no se alinean con la administración de Maduro, se suman a una serie de estrategias de exclusión forzada y autocensura por miedo a represalias. En este contexto, hablar solo de garantías electorales es insuficiente, el problema es más profundo y requiere un esfuerzo máximo en defensa de la democracia.
Este intento por reducir la democracia a un sistema controlado, es un plan que parece diseñado para neutralizar cualquier posibilidad de cambio político desde la vía electoral. Desde sanciones a partidos e individuos, hasta la imposición de un sufragio obligatorio con restricciones para quienes no voten, el gobierno intenta evitar que la movilización social o una abstención masiva deslegitime su control.
Ante esta realidad, el debate no puede centrarse en lo meramente electoral, por lo que urge repensar una estrategia integral que defienda cada espacio democrático. Reconocer los errores del pasado es imprescindible: durante mucho tiempo, el enfoque de la oposición ha sido exclusivamente electoral, sin un plan político sólido para el día después de las elecciones. En este momento, nuestra mayor garantía debería ser el respeto absoluto a la Constitución, pues sin esta base es imposible hablar de elecciones justas o de un cambio real.
Las reformas propuestas también representan un golpe devastador a la libertad de expresión y a la sociedad civil, restringiendo el trabajo de ONG y permitiendo al Estado borrar cualquier dato que considere “inconveniente”. Este control de la narrativa no solo afecta el presente, también busca manipular el pasado y borrar nuestra memoria histórica. Citando a Orwell, “quien controla el pasado, controla el futuro”, y con estas medidas parece que nos acercamos a un estado en el que incluso el pensamiento crítico se convierte en un acto de resistencia.
Es fundamental que todos los factores democráticos -partidos, líderes, sociedad civil y gremios- se unan en un esfuerzo conjunto. La única solución viable radica en una estrategia de diálogo y negociación genuina, con la participación de actores internacionales como garantes, para destrabar la profunda crisis política y económica del país. Mientras sea posible, la democracia, el derecho a discernir y a opinar, deben ser defendidos y protegidos. Aferrarnos a la Constitución y hacer de ella nuestra principal herramienta de lucha es crucial en estos momentos. Si abandonamos esta base, cualquier posibilidad de cambio democrático quedará cerrada.
El tiempo apremia y el riesgo de perder la posibilidad de un cambio democrático es cada vez mayor. Defender nuestros derechos y alcanzar un consenso político claro, es una necesidad imperiosa para asegurar que Venezuela recupere su camino hacia una democracia verdadera y libre de autoritarismos.
Stalin González
