El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este viernes 15 de noviembre, que su despacho solicitó ante los tribunales las revisiones de 225 casos de detenidos en el contexto electoral, que según fuentes oficiales asciende a 2.400 personas.
En una declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), William Saab explicó que la decisión se tomó en coordinación con los tribunales “luego de exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y elementos probatorios”, sin embargo, no precisó si la revisión de los casos contempla excarcelaciones.
Protestas en el contexto electoral
El fiscal general apuntó que el Ministerio Público solicitó “225 revisiones de medidas a procesados por estos sucesos que conmocionaron al país», que según William Saab causaron 28 víctimas fatales, aproximadamente 200 lesionados y 500 bienes públicos y privados destruido.
Añadió que la revisión de los casos de los detenidos en el contexto electoral tiene como objetivo “la reunificación familiar», así como, consolidar «el compromiso de las instituciones venezolanas con la paz, la justicia y los derechos humanos”, concluye el comunicado leído por Saab.
Además, recordó que los casos están “relacionados con acciones violentas» ocurridas tras los comicios del 28 de julio y el desconocimiento de los resultados oficiales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por parte de la oposición.
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Orden presidencial y derechos humanos
El fiscal remarcó que el proceso de revisiones a casos de detenidos en el contexto electoral es “atribuible única y exclusivamente al Estado venezolano” por lo que criticó los pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos en los que han pedido estas excarcelaciones.
“Vamos a seguir revisando, vamos a seguir mirando los casos a los que haya lugar, porque por eso Venezuela es reconocida como un sistema que protege los derechos humanos”, aseveró. No obstante, el fiscal reiteró que quien “haya sido responsable de las acciones criminales sujetas a una vinculación como participante directo de las mismas será castigado”.
Derechos de detenidos por razones políticas
La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los derechos humanos han identificado a 1.968 personas detenidas en el contexto postelectoral, de las cuales, 69 son menores de edad y entre los que hay mujeres y militares, acusados de delitos de terrorismo.
La dirigente opositora Delsa Solórzano, denunció el martes, que a los políticos detenidos en Venezuela se les ha impedido el contacto con sus familiares y abogados de confianza, lo que “viola nuestra Constitución y toda la normativa internacional”.
La coordinadora de Encuentro Ciudadano rechazó que a los detenidos se les impida el contacto y la comunicación con sus familiares y abogados. Solórzano exigió el cumplimiento de los artículos, 46, 49 y 272 de la Constitución sobre los derechos de los privados de libertad.
Además, señaló que las Reglas Mandela, condición mínima de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, establecen que los privados de libertad deben ser tratados con dignidad, garantizando la salud y seguridad, el contacto con familiares y abogados, sin discriminación de ningún tipo y prohíbe el uso de la fuerza excesiva, tratos crueles o degradantes.
