Este sábado, varias organizaciones no gubernamentales (ONG) expresaron su firme condena y exigieron «justicia y libertad» para Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien fue detenida el pasado 9 de febrero.
La activista, reconocida defensora de los derechos humanos, permanece detenida en el país bajo acusaciones que consideran infundadas y que, según sus defensores, constituyen una clara violación de sus derechos fundamentales.
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció la «injusticia» que se comete contra San Miguel y afirmó que sus derechos «no han sido respetados» desde su detención. A través de un mensaje en la red social X (anteriormente Twitter), la ONG instó a la liberación inmediata de San Miguel y de todos los prisioneros políticos en el país, compartiendo una fotografía de la activista. «Exigimos justicia y libertad para Rocío y todas las presas políticas», señaló la organización.
Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), otra de las entidades que ha alzado la voz en defensa de San Miguel, calificó a la activista como una «incansable defensora de derechos humanos». La ONG, también a través de la red social X, expresó su apoyo a la liberación de San Miguel y solicitó el cese de las detenciones arbitrarias en Venezuela.
Rocío San Miguel es una de las 243 mujeres actualmente detenidas por motivos políticos en Venezuela, de acuerdo con el informe de la ONG Foro Penal. Este dato forma parte de un total de 1.958 detenidos por razones políticas en el país, una cifra que ha ido en aumento tras las elecciones presidenciales de julio pasado. San Miguel, en particular, fue detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando se disponía a viajar junto a su hija, siendo acusada de estar involucrada en una presunta conspiración que incluía un plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
El fiscal general del gobierno de Maduro, Tarek William Saab, acusó a San Miguel en febrero de haber «entregado información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a otras embajadas extranjeras. Sin embargo, estos señalamientos no han sido respaldados por pruebas públicas, lo que ha generado el rechazo tanto de organizaciones nacionales como internacionales.
El caso de San Miguel ha sido uno de los más documentados por organismos internacionales de derechos humanos. En julio, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, señaló que su oficina ha documentado un aumento de las amenazas, acosos y asaltos contra actores de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas y otros críticos del gobierno venezolano. Türk mencionó específicamente el caso de Rocío San Miguel, como uno de los ejemplos de la creciente represión en el país, y alertó sobre los 38 casos de detenciones arbitrarias que su oficina ha podido registrar.
