El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia ratificó este viernes la decisión de que el expresidente Evo Morales no podrá postularse a la presidencia en las elecciones de 2025. Esta medida se enmarca dentro de una interpretación firme de la Constitución Política del Estado, que prohíbe a cualquier autoridad postularse a un tercer mandato presidencial, ya sea de manera consecutiva o discontinua.
La resolución fue tomada en respuesta a un recurso interpuesto por el diputado José Carlos Gutiérrez, del partido Creemos, quien solicitaba una interpretación definitiva sobre la reelección presidencial, especialmente en relación a la sentencia 1010/2023-S4. El TCP, con su Auto Constitucional 0083/2024 ECA, despejó cualquier duda al aclarar que Evo Morales, quien ya cumplió dos mandatos consecutivos entre 2006 y 2019, no podrá ser candidato nuevamente, ni en 2025 ni en el futuro.
El fallo establece que ninguna autoridad elegida puede postularse a un tercer mandato tras haber cumplido dos períodos, sin importar si estos fueron consecutivos o alternados. El TCP ratificó que esta disposición busca evitar la permanencia prolongada en el poder, en línea con el fin del Constituyente de impedir que los representantes del poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial ejerzan más de dos mandatos, o más de diez años en el caso de los primeros.
Además, la resolución tiene repercusiones más amplias, ya que también se aplicará a gobernadores y alcaldes que hayan cumplido dos mandatos, impidiéndoles postularse nuevamente en las elecciones regionales. La normativa es clara en cuanto a que “ninguna autoridad electa que hubiera superado dos mandatos anteriores podrá candidatear o ejercer el cargo de presidente”.
Por su parte, Evo Morales había señalado previamente que el fallo no le afectaría, ya que no participó en las elecciones de 2020. Sin embargo, el TCP cerró definitivamente cualquier posibilidad de su retorno a la presidencia, al restringir explícitamente la reelección para quienes ya hayan ejercido dos mandatos.
El Tribunal Constitucional también estableció que esta limitación se aplicará a todas las autoridades, desde el nivel nacional hasta los gobiernos subnacionales, lo que implica una reforma sustancial en las posibilidades de reelección en todos los niveles de la política boliviana.
