Trabajo de Tal Cual
Un portavoz de Interpol recordó, este viernes8 de noviembre, que las reglas de este organismo internacional prohíben utilizar sus mecanismos por razones políticas. El pronunciamiento se produjo tras el pedido de la Fiscalía venezolana para que se levantara una alerta roja y se detuviera a Edmundo González Urrutia, quien está exiliado en España desde septiembre.
Pese a que la Fiscalía había dado por cerrado el caso que tenía contra González Urrutia, luego de que se concretó su exilio, el jueves 7 de noviembre se conoció el oficio enviado por el Ministerio Público al organismo internacional.
Ante esta nueva actuación de las autoridades venezolanas, un funcionario de Intepol declaró a la agencia EFE que el artículo 3 de sus estatutos «prohíbe cualquier uso de nuestro sistema por razones políticas». Sin embargo, no quiso ahondar en casos particulares.
El sistema de las «alertas rojas» de la agencia policial internacional es una forma de comunicar informaciones sobre personas a las que busca la Justicia de un país, al resto de miembros para que sean detenidas si son identificadas.
Una parte de esas notificaciones son públicas y se pueden consultar en la página web de Interpol, pero hay otras que por razones de confidencialidad o para que puedan ser más efectivas únicamente transitan por las vías de transmisión internas a las que tienen acceso los servicios policiales de los 196 países miembros.
Según un oficio del Ministerio Público, dado a conocer por el medio colombiano El Tiempo, el jueves 7 de noviembre, el fiscal general Tarek William Saab solicitó a Interpol «ratificar» una orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia por la presunta comisión de 10 delitos.
En esta nueva carta, con fecha del 24 de octubre de 2024, Saab indicó que se está buscando la detención de González Urrutia por la presunta comisión de delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, desconocimiento a las instituciones del Estado, complicidad en el uso de actos violentos contra la paz pública, difusión de información falsa desconociendo resultados electorales para causar zozobra en la población, sabotaje o daños y sistemas, al igual que legitimación de capitales.
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