Trabajo de Tal Cual
La organización Espacio Público informó que tras las elecciones del 28 de julio, que desataron un ciclo de protestas en contra de la decisión anunciada por el CNE, se registraron 49 detenciones en represalia al ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información.
En el informe «Represión y censura poselectoral en Venezuela», publicado este miércoles y que abarca los sucesos desde el 28 de julio hasta el 31 de octubre; Espacio Público afirmó que se agudizó un clima de miedo y autocensura dentro de la sociedad, entre ellos los trabajadores de la prensa, para evitar detenciones arbitrarias, persecución u hostigamiento.
«A diferencia de años anteriores, las restricciones no cesaron el día de las elecciones, por el contrario, se instauró un nuevo ciclo represivo que continúa hasta hoy y que ha tenido graves consecuencias», destacó la oenegé en su informe. Sólo el 28 de julio recibieron 34 denuncias de violaciones a la libertad de expresión y de prensa, la mayoría asociadas a impedimentos de cobertura del proceso electoral.
«El contexto es mucho más hostil, mucho más violento que en otras elecciones previas y afecta a la sociedad civil, activistas sociales y políticos», insistió Marisabel Rodríguez, coordinadora del programa del Observatorio Social de Espacio Público.
De las 49 personas detenidas tras las elecciones, 21 son periodistas, camarógrafos o fotógrafos. 11 permanecen detenidos en la actualidad y con procesos penales abiertos bajo acusaciones de presunto terrorismo, incitación al odio u obstrucción de las vías públicas.
Tal es el caso de Yousner Alvarado, un camarógrafo detenido el 29 de julio por la Guardia Nacional mientras hacía cobertura en la ciudad de Barinas; la reportera gráfica Deysi Peña, detenida el 3 de agosto por funcionarios de la Policía de Miranda; o la periodista Ana Carolina Guaita, arrestada el 20 de agosto por efectivos del Sebin en La Guaira.
También permanecen bajo arresto Paúl León (camarógrafo de VPI Tv), Eleangel Navas (community manager de El Oriental), el locutor José Gregorio Camero, el reportero gráfico Fernando Chuecos, el editor Gilberto Reina, los periodistas Leocenis García, Víctor Ugas y Roland Carreño.
Rodríguez señaló que estas personas están sometidas a distintos patrones que limitan el derecho a la debida defensa como la incomunicación, prohibición de visitas regulares, imposición de defensa pública o la negativa de acceso a expedientes.
Luego del 28 de julio, Espacio Público también registró un patrón de ataques de autoridades regionales y locales, debido al seguimiento de publicaciones y contenidos de medios de comunicación y redes sociales, a través de las salas situacionales; las amenazas preventivas, con el objetivo de impedir la divulgación de ciertos contenidos; al igual que la difusión sistemática y coordinada de información falsa por parte de funcionarios para restarle confianza a los medios de comunicación.
Además, se denunciaron amenazas concretas contra la integridad física de periodistas y trabajadores de la prensa. La experta destacó que estas dinámicas y patrones, si bien ya se han visto antes, se han intensificado en tiempo y frecuencia.
Los medios de comunicación y los propios periodistas para intentar contener los riesgos han tomado una serie de medidas, según evidenció la ONG, como la publicación de trabajos sin firmas personales, la limitación de coberturas políticas, el recorte o suspensión de programaciones informativas, desplazamientos forzados, y la suspensión parcial o indefinida del oficio.
«Se sigue haciendo el trabajo frente a estas limitaciones o restricciones y hay una voluntad importante en seguir trabajando tomando mayores medidas de seguridad y protección para los periodistas y fuentes. Se entiende que en un contexto más limitado y restrictivo de la libertad de expresión e información en Venezuela, estos espacios van a dar cuenta y registro de esas limitaciones y seguir informando sobre estas dinámicas», señaló.
Para hacer frente a esta dinámica, Espacio Público recomendó la creación o el fortalecimiento de protocolos de seguridad en los medios y proveer recursos para su implementación efectiva, fortalecer los mecanismo de monitoreo y denuncia; documentar bajo reserva y anonimato, pues en algunos casos es necesario preservar el registro de casos; sensibilizar sobre la importancia del derecho para encaminar la recuperación democrática, sumando defensores activos (fuentes, audiencias) en la defensa de la información.
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