El periodo escolar 2024-2025 registra índices de asistencia notablemente bajos, aulas vacías a consecuencia de las detenciones arbitrarias en las protestas poselectorales. Esta situación fue denunciada por los familiares de los jóvenes ante el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), con preocupación porque no pueden estar al día con las actividades porque se mantienen tras las rejas.
“Los profesores nos dicen que nos van a apoyar, pero es una de sus preocupaciones, me dice: mamá estoy perdiendo muchas clases, me voy a atrasar. Yo siempre le he dicho que estudie porque es lo que pobremente uno le puede dejar, pero que estudie y aprenda bien”, cuenta la madre de un joven detenido en Caracas.
Por medio de una nota de prensa, el Observatorio destacó que los artículos 37 y 40 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño destacan la importancia de que a los jóvenes privados de libertad se le asegure el derecho a la educación, en el marco de un sistema de ejecución orientado a la plena integración social y a que “éste asuma una función constructiva en la sociedad”.
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De este modo, los programas educativos, de capacitación laboral, de salud, religiosos, recreativos y culturales, son herramientas para la población privada de libertad para poder reinsertarse a la sociedad al cumplir su proceso penitenciario.
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Declaraciones del OVP
Humberto Prado, director de la ONG explicó en una nota de prensa que: «el deber del Estado es cumplir integralmente la atención del adolescente privado arbitrariamente de su libertad, en vista que todo está consagrado en normas nacionales e internacionales. Y además debe cumplir ese trato diferenciado de los adolescentes en este proceso totalmente arbitrario e ilegal”.
El OVP exige al Estado venezolano dejar en libertad y sin restricciones a todas las personas privadas de libertad de forma arbitraria, respetar el derecho a la educación y que puedan seguir sus estudios. “Eso hace un estado respetuoso, pero aquí se aplica más la sanción como un castigo”, finalizó Prado.
Apoyo a los estudiantes
“Los profesores me dijeron que contamos con ellos, que cuando lo autoricen le envían las guías a mi hijo o si es necesario se trasladan hasta donde está preso para ayudarlo y darle clases. Esperamos con la autorización del sitio donde está privado de su libertad”, cuenta la madre, quien inició el trámite hace tres semanas para que su hijo pueda recibir educación en el centro de reclusión.
Amigos y compañeros de los privados de libertad les envían cartas o mensajes con sus familiares, quienes se los transmiten en cada visita con la intención de abrazar su tristeza y calmarles la ansiedad que les producen estos tres meses de detención arbitraria.
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El OVP es una organización no gubernamental creada en 2002, con la misión de defender y promover los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en Venezuela. Desde entonces han documentado las condiciones de detención y denuncian los casos pertinentes ante organismos nacionales e internacionales.
