Las recientes declaraciones del Canciller Iván Gil han desatado una ola de indignación y rechazo en el ámbito de los derechos humanos. El exparlamentario y defensor de los derechos civiles, Rafael Narváez, acuso al Canciller de trivializar el sufrimiento de miles de detenidos, entre los que se incluyen niños y adolescentes, quienes enfrentan juicios por el delito de terrorismo.
Declaraciones del Canciller sobre detenidos
Según Narváez, las declaraciones de Gil son irresponsables y una burla al sufrimiento de aproximadamente 2.500 personas que han sido detenidas de manera, de las cuales 25 han fallecido tras exigir el respeto a la soberanía popular durante las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Narváez denuncia que los cuerpos de seguridad del Estado llevan a cabo allanamientos ilegales y violentos, resultando en encarcelamientos donde las víctimas han sido sometidas a torturas, a menudo durante más de una semana, sin que sus familias o abogados tengan conocimiento de su paradero.
Detenidos son imputados por terrorismo
El defensor de derechos humanos ha subrayado que todos los detenidos están siendo imputados por terrorismo a través de un sistema telemático, el cual ha eliminado derechos fundamentales como la defensa y la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
Narváez ha señalado con preocupación que, en la actualidad, existen al menos 1.956 detenidos, incluidos niños y adolescentes que, según testimonios de sus familiares, han sufrido una notable pérdida de peso a causa de la mala alimentación y han sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Detenidos con discapacidad y contacto con las familias
Además, el exparlamentario ha puesto de relieve la situación de los detenidos con discapacidad, quienes, a su juicio, no han merecido la compasión del Estado. La falta de contacto entre los detenidos y sus familias, que se les niega el derecho a las visitas, es otro de los puntos alarmantes que Narváez ha destacado, cuestionando cómo el Canciller puede afirmar que no hay presos políticos en un contexto tan grave.
Ante esta situación, Rafael Narváez exige al Canciller Iván Gil que rectifique su postura y ofrezca disculpas a las víctimas y sus familias. Además, ha extendido una invitación a Gil para que visite los centros de detención, comenzando por Tocorón Tocuyito, donde se encuentran muchos niños y adolescentes, así como el Helicoide, para que pueda conocer la realidad de primera mano.
“No tenga temor, yo le acompaño”, concluyó Narváez, instando a una reflexión profunda sobre el estado de los derechos humanos en el país y la urgente necesidad de un cambio en la forma en que se trata a los detenidos. La comunidad internacional y los defensores de derechos humanos observan con atención los próximos pasos de la administración y su disposición a abordar estas preocupaciones fundamentales.
