La administración de recursos en Venezuela enfrenta desafíos serios, y las limitaciones en la transparencia y eficiencia del manejo económico no hacen más que añadir obstáculos para el país. La falta de claridad sobre el destino de los recursos públicos no solo genera dudas, sino que afecta la posibilidad de construir una economía fuerte y sostenible. En medio de esta realidad, las sanciones internacionales han profundizado aún más la crisis, limitando el acceso a mercados, divisas y bienes de consumo. Sin un cambio de rumbo en la gestión de recursos, el camino para salir de esta situación será mucho más difícil.
Para revertir esta situación, es fundamental contar con instituciones sólidas que cumplan su rol y garanticen la administración responsable de los bienes públicos. Necesitamos un marco institucional en el que la transparencia sea una norma, no una excepción, y donde los funcionarios sean responsables de sus decisiones a través de mecanismos de rendición de cuentas efectivos. Los recursos de la República deben ser utilizados en beneficio de todos los ciudadanos, y para lograrlo, la supervisión y el control de estos recursos es esencial. Para la transparencia política no hay tintes ideológicos. No se trata de derechas o izquierdas. Toda aquella figura o institución política debe regirse por el debido proceso y la rendición de cuentas. No podemos aspirar a reconstruir un país sin bases democráticas.
Además, no basta solo con el diseño de políticas económicas, es crucial que estas políticas se implementen de acuerdo a un sistema democrático que respete nuestra Constitución. Este pacto social, que dibuja los principios de una democracia plena y la separación de poderes, establece un modelo de país en el que los ciudadanos somos parte activa en la toma de decisiones, y donde cada institución tiene un papel que cumplir para asegurar el bienestar común. Cumplir con estos principios constitucionales es una base esencial para que Venezuela pueda avanzar y salir de la crisis que padecemos a diario.
Una economía saludable y sostenible solo puede construirse sobre cimientos de responsabilidad, honestidad y claridad. Estas cualidades permiten que los ciudadanos confíen en sus instituciones y se sientan partícipes de los logros y avances del país. La falta de controles adecuados, combinada con la opacidad en la administración pública, reduce el potencial de desarrollo económico y limita la capacidad de la nación para satisfacer las necesidades de su población.
Es hora de priorizar una administración transparente y eficiente de los recursos nacionales, enmarcada en los valores de justicia, democracia y respeto por los derechos fundamentales. Para enfrentar los grandes desafíos actuales, la participación activa de todos los sectores de la sociedad es vital, promoviendo un sentido de unidad y compromiso con el país. En un contexto donde se respeten las instituciones y se cumpla con la Constitución, Venezuela podrá alcanzar un futuro en el que los recursos se gestionen en beneficio de todos.
En la búsqueda de este cambio, cada venezolano tiene un papel importante, recordando que, al fortalecer las instituciones y promover la transparencia, se construye una base sólida para un país en el que todos podamos vivir con dignidad y calidad de vida. La recuperación es posible si se respeta el pacto constitucional que une a la nación, y si todos trabajan juntos hacia una Venezuela justa, inclusiva, próspera y de progreso social.
Stalin González
