En una reciente alocución televisiva, Nicolás Maduro afirmó que el 90% de los detenidos tras las protestas postelectorales son migrantes entrenados en Estados Unidos y otros países. Este comentario se enmarca en un contexto de creciente tensión social, luego de que el Consejo Nacional Electoral proclamara a Maduro como ganador de las elecciones, lo que desató manifestaciones masivas y una respuesta represiva por parte del gobierno.
Según datos de la ONG Foro Penal, las protestas resultaron en 1.828 detenciones. Maduro indicó que los detenidos eran en su mayoría migrantes que habían regresado al país poco antes de las manifestaciones, sugiriendo que estos habían sido enviados con instrucciones específicas para desestabilizar al gobierno. «Casi el 80% capturado había migrado a Venezuela un mes antes y no votaron«, declaró, señalando que estos individuos estaban involucrados en actos de vandalismo en varias comunidades.
En respuesta a las afirmaciones de Maduro, el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, sostuvo en una entrevista que «en Venezuela no hay presos políticos», a pesar de que el Foro Penal registra casi 2.000 detenidos por motivos políticos, incluidos niños y personas indígenas.
Organismos internacionales, como la OEA y la ONU, han emitido informes que documentan la represión y las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela. Un informe reciente de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela advirtió sobre una escalada represiva, documentando 25 muertes y centenares de heridos durante las protestas del 29 al 31 de julio, así como un aumento significativo en las detenciones, particularmente de personas vinculadas a la oposición.
La misión también reportó la detención de 158 niños y niñas, acusados de delitos graves como terrorismo, un fenómeno que no había sido identificado anteriormente. Estos eventos se inscriben en una serie de violaciones a los derechos humanos que han sido objeto de estudio y condena internacional en la última década.
