La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 91 un conjunto de derechos laborales fundamentales, entre los que destaca el derecho a un salario digno. Este precepto legal establece que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a percibir una remuneración suficiente para cubrir las necesidades básicas propias y de su familia, garantizando así una vida con dignidad.
El artículo 91 no solo establece el derecho a un salario suficiente, sino que también consagra otros principios importantes como la igualdad salarial, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y la inembargabilidad del salario, salvo en casos excepcionales como la obligación alimentaria.
¿Qué implica un salario digno en la práctica?
Según lo establecido en la Constitución, un salario digno debe permitir a los trabajadores cubrir gastos básicos como alimentación, vivienda, educación y salud. Además, el Estado venezolano tiene la obligación de fijar un salario mínimo vital que sea ajustado periódicamente en función del costo de la canasta básica, garantizando así que el poder adquisitivo de los trabajadores no se vea erosionado por la inflación.
Si bien el artículo 91 de la Constitución venezolana establece un marco normativo sólido para la protección de los derechos laborales, la realidad económica y social del país ha planteado diversos desafíos en la aplicación efectiva de estas disposiciones.
La crisis económica que denuncian expertos en economía ha impactado significativamente el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos, poniendo en entredicho la posibilidad de garantizar un salario digno para todos.
