Trabajo de www.lamananadigital.com
De acuerdo a lo establecido en la Constitución de Venezuela, el derecho a la identidad está garantizado.
Según el artículo 56, “Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre y a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad”.
Asimismo, indica que “Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley. Éstos no contendrán mención alguna que califique la filiación”.
De acuerdo a esto, los venezolanos deberían tener garantizado su derecho a la identidad y los documentos legales que así lo señalan. Pero en la práctica, durante los últimos años se ha hecho cuesta arriba tramitar los mismos. Y en los meses recientes, se ha hecho más evidente inclusive, al anular documentos como pasaportes a discreción según quien sea la persona y su papel en la sociedad.
La tramitación de documentos en Venezuela en tiempos recientes, ha estado rodeada de irregularidades que atentan contra el derecho a la identidad, así lo indica la ONG Acceso a la Justicia, destacando que “el trámite del pasaporte es el caso que más reclamos acumula en reseñas de medios de comunicación y redes sociales. Los testimonios van desde dramáticos relatos hasta denuncias de cobros de sumas exorbitantes para optar a tener un documento nuevo para viajar o incluso emigrar”.
Recientemente, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y extranjería (Saime), ha realizado una serie de modificaciones en su plataforma que hacen más engorrosa la tramitación de documentos, a diferencia de años anteriores, ahora la cédula de identidad también es por cita, y muchos se ven obligados a pagar a gestores para tramitarla debido a que el sistema coloca como fechas disponibles varios meses en adelante.
En cuanto a la anulación de pasaportes, esta “medida” ha cobrado auge en Venezuela antes y después de elecciones de julio. Según el abogado Alí Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, refiere que la misma perjudica a venezolanos dentro y fuera del país y no distingue entre figuras públicas o ciudadanos comunes.
A todo esto, se suma un panorama complejo para quienes se encuentran fuera de Venezuela y en países con los que la administración de Maduro ha roto relaciones diplomáticas, dejando en un limbo a ciento de miles de personas.
A todas luces, el gobierno venezolano lejos de facilitar la tramitación de documentos dentro y fuera del país, impone trabas y no garantiza la obtención de documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la ley, tal y como lo indica el artículo 56 de la Constitución.
