Desde enero hasta septiembre de 2024, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) reportó más de 4.000 protestas en todo el país, de las cuales al menos 800 fueron por motivos laborales. Estas cifras reflejan el profundo malestar de una población que se ve obligada a alzar la voz ante la incapacidad del Estado de garantizar salarios dignos, estabilidad económica y servicios básicos de calidad.
La situación laboral es, sin duda, uno de los motores principales de estas manifestaciones. Los bajos salarios, que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de una familia, han empujado a trabajadores de todos los sectores a salir a las calles para exigir un cambio. Profesores, médicos, empleados públicos y privados, obreros, todos se enfrentan a la misma realidad: salarios que se han devaluado hasta ser insuficientes y que apenas les permiten subsistir. Para muchos, la única opción es buscar trabajos adicionales, dedicarse a la economía informal o simplemente, vivir en la angustia de no saber cómo llegar a fin de mes.
La economía nacional, que en los últimos años ha visto una ligera estabilización tras salir de la hiperinflación, sigue sumida en una crisis que afecta directamente la calidad de vida de millones de venezolanos. Las estanterías de los supermercados ya no están vacías como en años anteriores, pero la mayoría de las familias no pueden llenar sus carritos porque los precios están fuera de su alcance. No se puede hablar de una verdadera recuperación económica si la gran mayoría de la población sigue viviendo en la vulnerabilidad y la pobreza.
Además de los problemas económicos, los servicios básicos continúan siendo una fuente de desesperación para la gente. Las protestas por cortes de electricidad, falta de agua, gas doméstico y problemas de conectividad también han sido recurrentes. En muchas comunidades, los cortes de luz son parte de la rutina diaria, y acceder al agua potable implica hacer largas filas o pagar precios exorbitantes a proveedores privados. Las fallas en los servicios básicos se han convertido en un problema crónico que afecta la vida cotidiana de millones de venezolanos, limitando sus oportunidades y su capacidad de desarrollarse plenamente.
Ante este escenario, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que las personas vivan con dignidad y calidad de vida. No se trata solo de hacer promesas o celebrar logros parciales, se trata de tomar acciones concretas para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Esto implica generar políticas que promuevan salarios justos y competitivos, reactivar la producción nacional para estimular la economía y, sobre todo, invertir en la mejora de los servicios públicos. Un país donde los ciudadanos tengan que protestar para acceder a derechos básicos no es un país que esté cumpliendo con su deber.
La calidad de vida no es un lujo, es una necesidad básica que el Estado tiene la obligación de asegurar. Los venezolanos merecen más que discursos vacíos. Merecen un país donde se les valore, donde puedan vivir sin la constante angustia de no saber si tendrán luz, agua o suficiente dinero para alimentar a sus familias. Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y actúe en beneficio de todos. Solo así podremos comenzar a construir el país que todos merecemos, uno donde la dignidad y la calidad de vida de los ciudadanos sean la prioridad.
Stalin González
