Los ciudadanos comunes hemos encontrado en las elecciones presidenciales, como las últimas del 28 de julio, la oportunidad para la construcción de una sociedad abierta, que es el nombre adecuado a la democracia en la que haya participación, responsabilidad y con políticas sociales, así como un conjunto de derechos y obligaciones, que no sólo exprese el valor del Estado democrático, sino que le garanticen a las personas, sin distingos, el disfrute de bienes y servicios socioeconómicos, la propiedad, el aprovechamiento de las rentas bien producidas, educación, salud y la recreación.
Al emitir su declaración, el profesor Pedro Pablo Alcántara, exparlamentario, historiador y analista político, dice que los resultados electorales deben ser leídos como una sociedad reconciliada.
Porque aquí, después de 25 años de confrontaciones de distinto orden frente al exceso del autoritarismo, todos nos convencimos que a través de las elecciones del 28 de julio había una oportunidad para manifestar inequívocamente la decisión de las mayorías.
Esa es la razón por la cual los venezolanos podemos sentirnos optimistas para que desde el próximo año se inicie el trabajo de la reconstrucción del país.
Me he expresado con mucho optimismo acerca de la capacidad que tienen las fuerzas transformadoras de los venezolanos cuando se pronuncian en términos tan contundentes. El 83 por ciento de los venezolanos con capacidad de votar dentro de Venezuela y, lamentablemente, no pudieron hacerlo otros conglomerados de ocho millones de ciudadanos que se encuentran viviendo en el exterior, evidencian una convicción clara de soluciones constitucionales.
Estas parten del reconocimiento de los resultados del 28 de julio, resultados que ante la carencia de un Consejo Nacional Electoral que cumpla estrictamente con la Constitución y con la ley, que como estas normas lo establecen, deben ser resultados a la vista de todos los venezolanos, para que aquel que tenga alguna observación o alguna solicitud de reconsideración de los mismos, pueda con los resultados a la mano, apelar ante la vía administrativa o la vía de reconsideración constitucional, que es la Sala Constitucional.
Eso no sucedió porque el CNE decidió irse por un atajo, el cual fue no presentar ni ante la sociedad venezolana, ni ante el resto del mundo, los resultados, mesa por mesa, acta por acta. Es por ello que nos encontramos ante un ataque frontal contra el espíritu, propósito y razón de lo que ha sido la cultura constitucional desde 1961 en adelante.
En consecuencia, la propia sociedad, incluidos elementos pertenecientes a las fuerzas militares o de otra naturaleza que acompañaron el proceso del 28 de julio, han mostrado resultados abundantemente en videos y entrega de copias de esas actas por la vía del derecho que tienen las organizaciones que participan en los eventos a mostrar las pruebas.
Conviene indicar que la pulcritud, transparencia y confiabilidad de las actas están garantizadas en la llamada marca de agua, por cierto tecnología adquirida por las autoridades electorales de este período y de comprobada eficiencia y transparencia al ser admitidas en distintos eventos en documentos confidenciales por sus características infalibles.
