Venezuela ha sido catalogada como el caso “más extremo” en el uso del autoritarismo digital de América Latina, superando a países como Nicaragua y Cuba, donde la vigilancia masiva, la censura en línea y la propagación de desinformación se usan como mecanismos tecnológicos para manipular a la población e implementar un “control estricto” sobre el espacio informativo.
Así lo señaló el Observatorio Digital Probox, en alianza con expertos de la ONG Freedom House, Democracy + Tech Initiative, DFRLab para América Latina y Access Now, a través de un foro virtual titulado “#HackeandoLibertades: El Avance del Autoritarismo Digital”, transmitido por su canal de Youtube este 22 de octubre.
A continuación, enumeramos algunos aspectos clave de la conversación sobre el impacto del autoritarismo digital en la región.
El fantasma poselectoral
Después de las elecciones presidenciales, la administración oficialista ha intensificado la “represión en línea”, usando campañas de desinformación y estigmatización contra las voces críticas, denunció Alessandra Pina, directora de los programas sobre América Latina de Freedom House.
Durante su intervención, Pina explicó que la censura previo a las elecciones era evidente, sin embargo, el oficialismo “cambió el enfoque de las redes sociales, usadas como herramientas de propaganda, para convertirlas en objetivos de una campaña de criminalización masiva”.
“La censura y la manipulación de contenidos se combinaron para influenciar las elecciones, socavando la capacidad de los votantes para tomar decisiones”, señaló Pina.
Recordó que Venezuela ha sido clasificada como “no libre” en términos de libertad en la red por séptimo año consecutivo, según el informe de Freedom House on the Net 2024, el cual destaca la censura de medios independientes y las represalias contra quienes expresan opiniones políticas en línea.
“Este año, los defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y ciudadanos de a pie, siguen amenazados por detenciones y formas extralegales de intimidación, incluida la desaparición forzada, en relación con sus actividades críticas en internet. Fueron juzgados por cargos falsos de incitación al odio y al terrorismo”, añadió la experta.
¿Cómo funciona el aparato de represión digital en Venezuela?
La investigadora principal de la Iniciativa Democracy + Tech Initiative, Iria Puyosa, resumió el funcionamiento de la represión digital en el país como “un sistema complejo que tiene muchos componentes”, tales como la propaganda, la propagación de desinformación, el uso de la legislación para criminalizar la disidencia, así como el ejercicio de la expresión y los derechos fundamentales políticos y civiles.
Puyosa advirtió que existe un “sistema de vigilancia masiva y uso de base de datos al que, por diferentes situaciones, las personas de manera forzada se integran”, y también un mecanismo de censura técnica de internet y ecosistema mediático.
“Todos estos componentes funcionan de manera complementaria para generar un espacio cívico restringido, criminalizado y penalizado. En ese sentido, el caso de Venezuela es probablemente el más extremo en el uso del autoritarismo digital en América Latina”, enfatizó la investigadora.
Amenaza creciente en la era digital
El autoritarismo figura como una amenaza creciente en la era digital debido a la falta de institucionalidad y ausencia de legislaciones. Sobre este punto, Marianne Díaz, investigadora y analista para Access Now, advirtió sobre la implementación de prácticas de vigilancia masiva en espacios públicos, intervención de comunicaciones, rastreo de teléfonos, uso de drones y biometría en sistemas de compra, implementadas en distintos países para vigilar a la población en tiempo real.
“En Venezuela no tenemos legislación en la protección de datos personales, y ley de privacidad no aborda otros aspectos del derecho a la privacidad”, alertó, recalcando también la importancia de legislar en materia de protección digital, así como una reforma de la ley de la privacidad de las personas y sus comunicaciones en el país siguiendo estándares internacionales.
El vínculo de Rusia y China en el control digital
Puyosa añadió que se ha observado la alineación de autores autoritarios globales, como China, Rusia e Irán, en la influencia de recursos y tecnologías digitales para controlar la información, reprimir a ciudadanos y periodistas, en países como Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua.
“Es un aparato que se ha ido fortaleciendo a través del tiempo. Es preocupante porque se ha convertido en un ejemplo para otros países y mandatarios para aplicarlo en sus contextos”, agregó Daniel Suárez Pérez, investigador de DFRLab, en su participación.
Por su parte, José Luis Benitez, periodista e investigador para El Salvador, mencionó que en este país han avanzado “las medidas drásticas y las inversiones en tecnología para espiar” a los periodistas durante el gobierno de Nayib Bukele.
Benitez expresó su preocupación sobre el ambiente hostil para la labor periodística en la región que genera autocensura, deserción de la profesión e incluso afecta la salud mental de los profesionales.
“El periodismo se está atacando más que antes. Los gobiernos autoritarios le tienen miedo al periodismo comprometido con informar a la sociedad lo que hay detrás de quienes están en el poder”, lamentó el investigador salvadoreño.
Los expertos coincidieron en que las consecuencias de este fenómeno se traducen en la erosión de las libertades civiles, polarización social y debilitamiento de la democracia.
El arma ciudadana contra la represión
La investigadora Marianne Díaz precisó que desde los movimientos de derechos humanos están trabajando en iniciativas para crear espacios y estrategias de seguridad para los ciudadanos, ya que “a medida que se ha avanzado en la digitalización también se ha avanzado en el autoritarismo digital”.
Ante esta situación, los investigadores recomendaron una serie de medidas para contrarrestar los efectos de la desinformación y ataque a las libertades:
- Promover la alfabetización digital en la verificación de noticias falsas, herramientas digitales y Apps.
- Crear espacios para el anonimato y establecer comunicación cifrada.
- Desarrollo de tecnologías que permitan preservar la privacidad.
- Fortalecer las comunidades que trabajan conjuntamente para interrumpir el monitoreo y vigilancia.
- Apoyar con recursos a las comunidades que intentan resistir en el contexto represivo.
