El gobierno de Nicolás Maduro, a través del Ministerio de Interior Justicia y Paz, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y el Ejecutivo Nacional, ha emitido una contundente advertencia contra el uso y comercialización del dólar paralelo.
En un comunicado oficial, las autoridades venezolanas han amenazado con penas de prisión de entre 8 y 10 años para todas aquellas personas naturales o jurídicas que utilicen la tasa del dólar no oficial en sus transacciones. Además, se impondrán multas que pueden alcanzar los 5.000 Unidades Tributarias (UT).
«Toda persona natural, persona jurídica y comercios que hagan uso de la tasa del dólar no oficial será multado y penado de 8 a 10 años de prisión«, reza el comunicado. Las autoridades instan a la población a utilizar únicamente la tasa oficial del dólar publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Esta nueva medida busca reforzar el control gubernamental sobre la economía y frenar la dolarización informal que se ha extendido en el país en los últimos años. Al establecer penas de prisión tan severas, el gobierno pretende disuadir a la población de utilizar el dólar paralelo, que se ha convertido en una referencia para muchas transacciones comerciales.
Sin embargo, críticos del gobierno argumentan que esta medida no resolverá los problemas económicos fundamentales de Venezuela, como la hiperinflación y la escasez de bienes y servicios. Además, advierten que la criminalización del dólar paralelo podría generar un mercado negro aún más peligroso y difícil de controlar.
