Existe un Índice Global del Estado de Derecho. No es oficial, sino iniciativa de particulares, por lo tanto no se trata de una imposición y carece de fuerza coercitiva que lo haga internacionalmente obligatorio. Lo que sí es, es un interesante criterio de análisis en ningún caso despreciable, por un lado porque permite aproximarnos con cierto rigor a la realidad de cada país por sí y en comparación con otros, por el otro por ser emitido por una institución reputada lo que permite pensar que será leído y tomado en cuenta en centros de decisión muy variados.
El índice Global de Estado de Derecho es una evaluación cualitativa de la vigencia del Estado de Derecho en el mundo, elaborada por el Proyecto Mundial de Justicia (WJP por sus siglas en idioma inglés), una organización no gubernamental sin fines de lucro, fundada en 2006, promovida como iniciativa de la American Bar Association, muy respetada asociación de adscripción voluntaria de abogados y estudiantes de Derecho de los EEUU fundada en 1878. De ella forman parte actualmente unos cuatrocientos mil del millón trescientos mil abogados de ese país y su labor es evaluar el standard académico de las escuelas de Derecho y a proponer códigos de ética modelo para la profesión jurídica.
Para que pueda decirse que existe Estado de Derecho, el poder público de un país debe regirse por estos principios: (1) El poder público y sus agentes son efectivamente responsables ante la ley. (2) La legislación es clara, pública, estable y justa y protege los derechos fundamentales, incluyendo la seguridad de las personas y la propiedad. (3) El proceso por el cual las leyes son promulgadas, ejecutadas y aplicadas es accesible, eficiente y justo. Y (4) La justicia es administrada por jueces competentes, éticos e independientes y neutrales. En número suficiente, con recursos adecuados y que reflejan a las comunidades que sirven.
De esa combinación exitosa ¿Quién sale ganando? Sin duda la ciudadanía, el pueblo del país que se trate. Son más libres y más seguros, tienen mejores oportunidades de progresar, sea porque hay más empleo, dado que hay más inversiones o porque hay mejores condiciones para empezar una empresa propia. En suma, pueden vivir y progresar en paz y libertad.
El criterio para el Índice Global evalúa ocho dimensiones. No se queda en lo que dicen la constitución y las leyes, que puede cumplirse o no, sino que busca en la vida real de las sociedades. En cuanto a: Poder estatal limitado (en nuestro país, en el marco de los principios fundamentales, se enmarcan en lo dispuesto en los artículos 136 al 140 constitucionales), ausencia de corrupción, orden y seguridad, garantía y vigencia real de los derechos fundamentales, gobierno abierto (cultura de gobernanza que implica transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación), cumplimiento de la ley, justicia en materia de derecho privado y justicia en materia de derecho penal.
Los primeros diez países del índice en 2023, el más reciente, son encabezados por los cuatro escandinavos Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia, seguidos por Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelandia, Estonia e Irlanda. Nueve de ellos democracias de larga data. Más interesante aún, uno de ellos, Estonia, es una democracia nueva, se liberó hace relativamente poco del yugo del socialismo soviético, así que sí se puede cambiar para bien.
A los que temen algún sesgo, les anoto que Estados Unidos ocupa el lugar veintiséis. El país latinoamericano mejor ubicado es Uruguay en el puesto veinticinco, seguido de Costa Rica (29) y Chile (33). Los demás que figuran están del lugar 63 para abajo.
Y en una lista de ciento cuarenta y dos países estudiados ¿Cuáles son los diez últimos? Anote, en orden descendente: Mauritania, Camerún, Mianmar, Egipto, Nicaragua, República Democrática del Congo, Haití, Afganistán, Camboya y Venezuela.
Ramón Guillermo Aveledo
