Simple sigue desarrollando distintos esfuerzos para hacerle frente a la piratería audiovisual, que afecta no solo a las empresas de telecomunicaciones del país, sino también a los consumidores.
La piratería se refiere a la reproducción o distribución de material protegido por derechos de autor sin contar con la autorización del titular de dichos derechos. Esto abarca diversas formas de contenido, como música, películas, software y libros. Esta práctica es riesgosa para el consumidor porque, además de violar la ley, puede exponerlo a la descarga de archivos infectados con virus o malware, así como a la falta de soporte y actualizaciones para el software, lo que compromete la seguridad de su información personal.
Durante FITELVEN 2024, la marca presentó un encuentro titulado “Cazadores de piratas: desenmascarando el cibercrimen” con la participación del Dr. Francisco Escutia, abogado mexicano con postgrado de especialización en Propiedad Intelectual en América Latina y Europa, con más 25 años de experiencia en Propiedad Intelectual en la industria del entretenimiento y CEO de Latin America Anti-Piracy & Intellectual Property Consulting (LAAPIP) y Rafael Ortín, abogado y magíster en Propiedad Intelectual, Socio del Despacho de abogados especializados en Derecho de Propiedad Intelectual Bolet & Terrero.
De acuerdo con Escutia, “La piratería audiovisual representa un riesgo significativo para la privacidad del consumidor. Al acceder a contenido protegido, de manera ilegal, los usuarios a menudo se ven obligados a interactuar con plataformas poco seguras y aplicaciones maliciosas. Estas pueden recopilar información personal sin el consentimiento del usuario, poniendo en peligro datos sensibles como contraseñas, información financiera, imágenes y demás datos personales.”.
En Venezuela, se estima que de 4.3 millones de hogares con televisión por suscripción, el 25% accede a contenido pirata, y de 1.5 millones con banda ancha, el 42.5% descarga contenido ilegal. Las pérdidas por piratería en la región superan los US$10.3 billones y se pierden más de 75,000 empleos.
En este sentido, Ortín añade: “La piratería audiovisual inserta la idea en el público consumidor de que es inofensivo y aceptable consumir de forma gratuita o a muy bajos costos esos contenidos. Sin embargo, el hecho de no pagar por la plataforma o el producto, o pagar precios insignificantes, solo significa que estas organizaciones se lucran del consumidor directamente, utilizándolo como producto y la mayoría de las veces, tomando data privada, sensible y personal y comercializando con ella”.
Simple continuará trabajando junto al organismo regulador, expertos en propiedad intelectual y otras empresas de telecomunicaciones para promover un consumo responsable y continuar ofreciendo a los usuarios alternativas legales y seguras.
Esfuerzos contra la piratería en la región
En un contexto donde la piratería audiovisual representa un desafío significativo para la industria del entretenimiento; no solo en Venezuela, sino en el mundo, diversos países de la región han unido fuerzas para afrontar este fenómeno de manera efectiva.
Recientemente, un operativo de gran envergadura en Argentina y Brasil desmanteló 675 sitios web y 14 aplicaciones ilegales de streaming, incluyendo Magis TV. La operación contó con la colaboración de instituciones judiciales y civiles de varios países, como Estados Unidos, Reino Unido y Perú. El resultado fue la detención de nueve personas y la emisión de 30 órdenes de allanamiento e incautación en Brasil y Argentina.
“En Latinoamérica, de los 78.9 millones de hogares con televisión por suscripción, el 23% consume contenido pirata, y del total de 98.2 millones con banda ancha, el 40% descarga contenido ilegal. Estos esfuerzos conjuntos son sumamente valiosos y necesarios para poder hacerle frente a este desafío de la piratería digital” finalizó Escutia.
