El problema que existe en Venezuela no es de carácter legislativo, sino de irrespeto al Estado de Derecho, ya que la Ley Orgánica de Procesos Electorales es muy clara y no necesita hacer nuevas interpretaciones de la misma porque precisa que el órgano esencial del Poder Electoral es el Consejo Nacional Electoral.
Así lo declara el abogado Macario González, uno de los dirigentes más connotados de la oposición en Lara, quien dice que apegado a esa ley y su reglamento, compromete a ese poder público a desarrollar el artículo 63 de la Constitución, referido expresamente al sufragio, al cual define la emisión de la opinión de la ciudadanía a través del voto libre, secreto, universal y directo.
La ley establece cómo desarrollar el proceso, más las resoluciones que va dictando el órgano en el transcurso de dicho proceso y obliga a presentar un resultado soportado por las actas el mismo día que se cierran las mesas y, posteriormente, a las 48 horas, hacer una auditoría pública y presentar entonces los números mesa por mesa de cada centro de votación en el país.
Pero, lo que ha sucedido es que ese órgano electoral incurrió en una grave omisión, violando la Constitución y la propia Ley Orgánica de Procesos Electorales, al no cumplir con las obligaciones establecidas en las disposiciones pertinentes.
Esa gravísima irresponsabilidad se mantiene desde hace casi tres meses porque el presidente del CNE, Elvis Amoroso, por mandato de la cúpula roja no cumplió con sus deberes y obligaciones legales, sumiendo al país en ascuas.
El Poder Electoral de esa manera se ha burlando, no de la Plataforma Unitaria ni de María Corina Machado, sino de casi ocho millones de venezolanos que votaron por un cambio.
No es que ahora falte un ordenamiento jurídico para que el proceso electoral del 28 de julio se desarrolla de manera impecable, sino que se ha irrespetado a la población, hecho perpetrado por Nicolás Maduro, su comando de campaña y el CNE.
Y, por lo tanto, el llamado que ha hecho Jorge Rodríguez para discutir la materia electoral, indudablemente, no tiene sentido porque nada hay que discutir, proponer, ni mucho menos aprobar, porque, como he señalado, lo que se debe es respetar la Constitución, la Ley y su reglamento, y, por supuesto, la voluntad popular.
Ya ha habido una burla a la ciudadanía y no se puede pretender hacerle otra burla con elementos distractores, porque lo que se debe hacer es como está precisado en disposiciones bien claras, concisas y determinantes: presentar las actas. Eso y nada más, concluyó sus declaraciones Macario González.
